Comunidades de Petén se oponen a Plan Maestro del PNLT
Nota de coyuntura No. 223 / por Luis Solano
El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) dio a conocer una adecuación del Plan Maestro del Parque Nacional Laguna del Tigre (PNLT), cuya resolución fue publicada en el Diario de Centro América el 24 de junio pasado. El documento generó la oposición de las comunidades multiculturales, indígenas y campesinas asentadas en PNLT, pues consideran que es una imposición unilateral y diseñado “bajo un enfoque que prioriza la violencia Estatal y los intereses financieros por encima de los derechos humanos”.
Imagen: Abogados del Bufete Jurídico de Derechos Humanos (BDH) que acompañan a las comunidades peteneras en su lucha por ser reconocidas, durante la conferencia de prensa. Fuente: Otra Guatemala Ya. Recuperado en https://www.facebook.com/OtraGuatemalaYa/videos/1299336981954501/
Actualización por adecuación del Plan Maestro del PNLT
En una nota de prensa del 24 de junio de 2026, la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) dio a conocer la Resolución SE 124/2026, con fecha 18 de junio de 2026, en donde se resuelve la…
“…adecuación por actualización del Plan Maestro del Parque Nacional Laguna del Tigre y Biotopo Protegido Laguna del Tigre-Río Escondido”.
En esa misma fecha del 24 de junio, la Resolución de marras fue publicada en el Diario de Centro América. En el numeral I de lo resuelto establece:
“Aprobar la actualización por adecuación del «Plan Maestro del Parque Nacional Laguna del Tigre y Biotopo Protegido Laguna del Tigre-Río Escondido».
En los numerales siguientes indica que:
“El presente Plan Maestro tendrá vigencia indefinida a partir de la fecha de esta resolución, será de observancia general y complementará las disposiciones establecidas en la Ley de Áreas Protegidas y su Reglamento, y demás legislación vigente aplicable; así como todas aquellas disposiciones emitidas por el CONAP en el ejercicio de sus funciones.
La Secretaría Ejecutiva del CONAP podrá supervisar, revisar y actualizar el Plan Maestro aprobado, con el objeto de adecuar el mismo si fuere necesario.
La presente resolución entra en vigor inmediatamente y deberá publicarse en el Diario de Centro América y en el portal web de CONAP el mismo día de la publicación en el Diario Oficial, debiendo así mismo publicar en el portal web oficial del CONAP el ‘Plan Maestro del Parque Nacional Laguna del Tigre y Biotopo Protegido Laguna del Tigre-Río Escondido’ aprobado en el numeral romano I de esta resolución.”
Aunque la resolución indica que se publicará el Plan Maestro en el portal web oficial del CONAP, al cierre de la presente edición el mismo aún no había sido publicado. Sin embargo, El Observador tuvo acceso al documento completo del Plan Maestro y está a disposición de los lectores en nuestro sitio web.
El extenso documento, en su Apartado 1.3: Aspectos Socioeconómicos y Culturales, expone lo relacionado a la situación actual de las comunidades y, como ha ocurrido en los planes maestros anteriores, continúa sin reconocer a la totalidad de las 37 comunidades existentes, agrupadas en la organización “Comunidades multiculturales, indígenas y campesinas asentadas históricamente en los territorios de la Laguna del Tigre y la Sierra de Lacandón, en el departamento de Petén”.
En la resolución destaca un aspecto fundamental: el petróleo y la finalización del contrato 2-85 que tuvo la francesa Perenco, y el cual sería el motivo que provocó la actualización por adecuación del Plan Maestro.
En su texto, indica que:
“…el Informe Técnico Conjunto No. 12/2025/JCF/jt/dr, de fecha 5 de septiembre de 2025, en el cual se establece que el Plan Maestro del Parque Nacional Laguna del Tigre y Biotopo Protegido Laguna del Tigre-Río Escondido no contempla disposiciones específicas relativas al cierre de operaciones petroleras, particularmente en lo concerniente al desmantelamiento y abandono técnico de pozos e infraestructura, así como a la restauración ambiental correspondiente; por lo que, ante la finalización del contrato de operaciones petroleras de explotación número 2-85, resulta necesario actualizar dicho instrumento de gestión, específicamente para incorporar disposiciones que permitan viabilizar el proceso de cierre, desmantelamiento de infraestructura y abandono técnico de las operaciones petroleras, garantizando el mantenimiento de los procesos ecológicos y la conservación de las áreas de alta importancia biológica y natural. Este Informe Técnico Conjunto fue aprobado por el Honorable Consejo Nacional de Áreas Protegidas mediante Resolución 01-20-2025 de fecha 9 de septiembre de 2025”.
Las comunidades reaccionan
En conferencia de prensa celebrada en las afueras de la sede del CONAP, en el Centro Histórico de Ciudad de Guatemala, representantes comunitarios se hicieron acompañar de los abogados del Bufete Jurídico de Derechos Humanos (BDH) Santiago Choc, Hugo Pérez Archila y Rubén Domínguez.
Los abogados anunciaron que presentaron un recurso administrativo de revocatoria a la resolución de la actualización del Plan Maestro del PNLT, con el propósito que el CONAP reexamine esa resolución en la cual no hubo consulta ni aviso a las comunidades, por los agravios que les causa. Implica, afirmaron, más criminalización, persecución y hostigamientos en contra de las comunidades, pues se les acusa de muchos delitos cuando son otros actores los responsables.
Luego, el turno fue de los comunitarios quienes manifestaron su sorpresa al enterarse de estas directrices por medio de la prensa. Dieron lectura a un comunicado de prensa donde expusieron sus denuncias y exigencias.
Los representantes de las 37 comunidades ubicadas dentro de los parques nacionales Laguna del Tigre y Sierra del Lacandón, en su parte medular indicaron:
“Denunciamos la imposición unilateral de instrumentos administrativos, como la reciente adecuación del Plan Maestro de Laguna del Tigre según Resolución SE 124/2026 del CONAP, diseñado bajo un enfoque que prioriza la violencia Estatal y los intereses financieros por encima de los derechos humanos. Estos mecanismos, lejos de propiciar una verdadera gobernanza ambiental, se convierten en herramientas de control que criminalizan, persiguen y vigilan a las familias que durante más de cinco décadas hemos protegido el territorio con nuestros propios esfuerzos. Sobre todo, no toma en cuenta la opinión de nuestras comunidades.”
En el comunicado enfatizaron sobre el caso de Laguna Larga, el cual acompaña el BDH. Denunciaron, en los siguientes términos, que es un caso sin resolver:
“…9 años de ignominia: desalojados de forma violenta hace más de 9 años y mantenida en una crisis humanitaria permanente en la línea fronteriza con México, es la prueba fehaciente de la total incapacidad del Estado de Guatemala para resolver de fondo los conflictos de tenencia de la tierra que ha provocado en Petén y todo el país. Si el Estado no ha sido capaz de solucionar un solo caso de desalojo forzado y violento ni de garantizar el retorno digno y seguro de una comunidad desplazada, la implementación de estos nuevos planes restrictivos pone en riesgo inminente a decenas de comunidades más, amenazándolas con ejecuciones de desalojos forzados y capturas arbitrarias.”
Las principales exigencias de las comunidades
Los comunitarios advirtieron que seguirán luchando si el gobierno no atiende sus peticiones, tal como lo han hecho por más de 50 años, cuando se asentó la primera comunidad en la década de 1980, y anunciaron que tomaran más medidas de no ser escuchados.
En su comunicado exigen:
“Que el Gobierno: Detenga la implementación de cualquier instrumento técnico o administrativo, emanado del CONAP o del Ministerio de Ambiente, sobre todo la Presidencia de la República que no cuente con el consentimiento previo, libre e informado de las poblaciones directamente afectadas, y que carezca de un enfoque transversal de derechos humanos.
Frenar: la política de criminalización, persecución penal y militarización en contra de las y los defensores de la tierra y el territorio en Petén, garantizando de inmediato el cese de los hostigamientos.
Atender de forma prioritaria la solución viable y duradera de acceso a la tierra, la solución de la crisis humanitaria y la reparación integral de los daños ocasionados a los pobladores de Laguna Larga, demostrando con hechos —y no con discursos— la voluntad política de este gobierno de saldar la deuda histórica del Estado con los pueblos del área protegida”.
