Problemática agraria en la Sierra Santa Cruz sigue vigente
Nota de Coyuntura No. 40 / por Luis Solano
Exhibiendo un excesivo uso de fuerza con una cantidad que sobrepasaba los 500 agentes policiales, la jueza de Lívingston, Izabal, Jesnne Selina Mackenzie Meléndez, intentó desalojar a 36 familias que habitan la comunidad q’eqchi’ Río Tebernal, en la ensenada Jocolón, a las orillas del Lago de Izabal. El fallido desalojo tuvo lugar el 4 de septiembre, pero arrastra un historial desde 2019 con varios liderazgos criminalizados. El desalojo se pospuso, pero la orden sigue vigente a favor del propietario de la Finca Jocoló.
Fuente: video de Prensa Comunitaria. Recuperado en: https://x.com/PrensaComunitar/status/1831495711218684296
La necesidad de la tierra se criminaliza
El 4 de septiembre, la jueza Jesnne Selina Mackenzie Meléndez, a cargo del Juzgado Segundo de Paz de Lívingston, Izabal, asistió con más de 500 agentes policiales a realizar una vez más, el intento de desalojo de la Comunidad Indígena Río Tebernal en la Finca Jocoló, mediante una diligencia judicial en la que estuvieron presentes agentes fiscales del Ministerio Público (MP), personal de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) y del Instituto Nacional de Bosques (INAB).
De acuerdo con la PDH:
“Tras mantener presencia en el lugar se constató que dicha diligencia judicial de desalojo fue suspendida por la jueza ejecutora, al no contar con el transporte adecuado para el traslado de las familias que ocupaban dicha finca.”
Este es un caso que comenzó en 2019 cuando fue ocupada una porción de la Finca Jocoló, también conocida como Hacienda Jocoló, donde hay cultivos de banano, palma africana e, incluso, caña de azúcar.
La falta de respuesta del Estado a las peticiones de tierra por parte de los comunitarios y comunitarias, condujeron a esta toma de una parte de la finca, mientras la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH) del anterior gobierno de Alejandro Giammattei Falla y Vamos no fue capaz de resolver el problema agrario desde que tomó el caso en 2021.
Criminalización
Los integrantes de la Comunidad Indígena Río Tebernal ocuparon las tierras que habitan desde 2019. Se ubica muy cerca de la Aldea Fronteras en Río Dulce, en la carretera que conduce de Río Dulce a El Estor, en las faldas de la Sierra de Santa Cruz, que abarca territorios de los municipios de El Estor y Livingston, Izabal. Este es un territorio plagado de conflictos agrarios.
El 5 de octubre de 2021, el caso ingresó a la COPADEH cuando ya se había dado la primera orden de desalojo. La COPADEH se hizo cargo del caso pocos días después que fueran criminalizados los liderazgos comunitarios. Destacó lo que la Unidad de Defensoras y Defensores de Guatemala (UDEFEGUA) llamó “detención ilegal” de María Cristina Ramírez Reyes, quien forma parte de la Red de Derivación del Ministerio Público (MP) en el municipio de Livingston, departamento de Izabal.
En su informe “Situación de personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos en Guatemala, 2021”, la UDEFEGUA documentó al respecto:
“Una de sus funciones principales es la de traductora para el INACIF, MP, PDH entre otras instituciones. Asimismo, es facilitadora en procesos de resolución de conflictos comunitarios en la defensa del territorio. Debido a su liderazgo y por incidentes previos con un finquero de apellido Motta Vidaurre, fue denunciada por esta persona; y desde el 20 de agosto 2021 es girada una orden de aprehensión en su contra, la cual fue efectuada el 16 de septiembre mientras María Cristina se encontraba realizando diligencias en Puerto Barrios. Uno de los delitos por los cuales se lleva a cabo la captura es: Usurpación Agravada”.
En el informe de la UDEFEGUA se destacó que la comunidad…
…“ha sido hostigada e intimidada por un grupo armado llamado Los Vaqueros que llegan en caballos y disparan al aire; este grupo trabaja para la familia Motta Vidaurre y las amenazas son que “de seguir en esas tierras, habrán consecuencias graves”. (Sic)
La UDEFEGUA indica en su informe que posteriormente el 20 de septiembre de 2021 un grupo de la comunidad viajó a Puerto Barrios para estar presentes en la audiencia de primera declaración de don Manuel Choc, capturado el 17 de septiembre, y mientras desayunaban llegaron seis patrullas de la Policía Nacional Civil (PNC), les piden los documentos de identificación advirtiendo que de la Municipalidad habían reportado un bloqueo de calles por parte de este grupo; 20 minutos después regresan los agentes y realizan las capturas de Adán Tux Té, Martín Ach Pop y Juana Ach Pop, a quienes se les acusó de “Usurpación Agravada”.
La comunidad también ha recibido el nombre de Río Pedernal, quizá porque muy cerca se encuentra el Río Pedernales, y el área donde se ubica también recibe el nombre de Xocoló, lugar histórico del Lago de Izabal.
¿Quién es el dueño de la finca?
La Finca Jocoló, que también es conocida como Hacienda Jocoló. En distintas publicaciones se menciona el nombre de Byron Mota como el propietario de la finca que exige el desalojo, y quien fue visto durante el este intento de desalojar a las familias ahí asentadas.
También se menciona a la familia Mota Vidaurre (Motta Vidaurre) o Byron Motta. El Observador determinó que el propietario es el ingeniero mecánico industrial y geólogo Adrián Byron Yuri Mota Vidaurre, quien también ha sido Gerente General de la Hacienda Jocoló y quien también es el director de la entidad fuera de plaza Xocoló Group Foundation, una off shore registrada en Panamá y que se supone tiene un nexo directo con la finca o hacienda del mismo nombre.
Mota Vidaurre también aparece vinculado a otras off shore registradas en Panamá junto a algunos de sus familiares, tal es el caso de Fundaservicios S.A., Omovi Foundation, y la ya citada Xocoló Group.
De Mota Vidaurre se sabe que trabajó con Cementos Progreso (CEMPRO) por más de dos décadas como geólogo y como Gerente General de Productos Mineros de Guatemala, S.A., una de las empresas mineras de CEMPRO. Gran parte de su trabajo en minería se concentró en investigaciones de yacimientos de carbón mineral en una extensa área de Río Dulce, que alcanza el territorio donde se ubica la finca. Las investigaciones fueron realizadas para ese monopolio cementero en años pasados, en gran parte por ser un mineral energético de su interés.
Ubicación de la Finca Jocoló, marcada dentro del círculo. Fuente: Coordinadora para la Reducción de Desastres (CONRED).
