Iglesias se pronuncian ante el extractivismo
Nota de coyuntura No. 124 / por Luis Solano
El Consejo Ecuménico Cristiano de Guatemala (CECG), junto a otras organizaciones, en conferencia de prensa el 7 de julio del año en curso, anunciaron la instalación del Tribunal Permanente de los Pueblos en Centroamérica, el que busca sanciones morales contra quienes destruyen el ambiente y violan derechos humanos. Paralelamente, el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM) y la Red Iglesias y Minería, anunciaron la presentación de un documento que contiene orientaciones pastorales para denunciar los impactos socioambientales de la minería en el continente.
Conferencia de prensa de la Coordinadora de Resistencia por la Protección de los Bienes Comunes. Fuente: Otra Guatemala Ya, e imagen publicada por CELAM.
Se instala el Tribunal Internacional de los Pueblos en Centroamérica
La Coordinadora de Resistencia por la Protección de los Bienes Comunes, integrada por la Resistencia Miteca, el Colectivo Madreselva y el Consejo Ecuménico Cristiano de Guatemala (CECG), entre otras organizaciones, expusieron en una conferencia de prensa el 8 de julio pasado a través de un comunicado, una serie de demandas al presidente de la República, Bernardo Arévalo de León.
El pronunciamiento de la Coordinadora es abarcador. Se denuncia el modelo extractivista por sus impactos contaminantes y destructivos ambientalmente hablando, lo que da como resultado la pobreza, la migración y el fortalecimiento del sistema discriminador racista y excluyente, en tanto que, en concordancia, sus amplias demandas, dirigidas además al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y el Ministerio de Energía y Minas (MEM), van desde las relacionadas con el estado actual del proyecto minero “Cerro Blanco” en Asunción Mita, Jutiapa, hasta planteamientos concretos contra todo tipo de minería que incumple marcos jurídicos establecidos.
En ese marco, el reverendo Héctor Virgilio Castañeda Juárez, presidente del CECG, anunció en esa conferencia la instalación del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), una iniciativa que busca denunciar moralmente los crímenes ecológicos provocados por la minería y los megaproyectos en Mesoamérica. De esa cuenta, el 10 de julio se dio a conocer la instalación del Tribunal Internacional de los Pueblos en Centroamérica, una acción impulsada por organizaciones religiosas y del pueblo Q’eqchi’, en defensa de la Madre Tierra, y el cual se realizó en el municipio de El Estor, Izabal.
El CECG, conformado por diferentes tradiciones religiosas, así como no cristianas, es una instancia que a través del diálogo y el trabajo en conjunto busca fortalecer la transformación de la realidad concreta. Fiel a ese principio, Castañeda Juárez informó en la conferencia mencionada que, bajo una óptica cristiana y desde la cosmovisión maya, este Tribunal levantará la voz de las comunidades afectadas para exigir sanciones morales contra empresas y funcionarios públicos que permiten la destrucción ambiental y la violación de derechos humanos.
Esta acción ética y simbólica busca denunciar moralmente los crímenes ecológicos provocados por la minería, los megaproyectos y el extractivismo, que amenazan a comunidades y territorios indígenas en Mesoamérica, agregó Castañeda Juárez en una declaración citada por el medio digital Factor 4.
El reverendo, reconocido por su acompañamiento espiritual y político a luchas por la defensa de la vida y la tierra, señaló a Factor 4 que no es posible hablar de paz sin justicia ambiental. El TPP funcionará, citando al religioso, como una plataforma de visibilización de testimonios y resistencias que han sido sistemáticamente ignoradas por los Estados y por el sistema de justicia oficial, muchas veces cooptado por intereses corporativos.
CELAM y la Red de Iglesias y Minería lanzan orientaciones pastorales sobre impactos socioambientales de esta actividad extractiva
En una nota de prensa fechada 7 de julio de 2025, el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM) y la Red Ecuménica Iglesias y Minería, anunciaron que han preparado, en conjunto, un documento con orientaciones pastorales para denunciar los impactos socioambientales de la minería en el continente. El documento, titulado “Orientaciones Pastorales de las iglesias católicas frente a la minería”, será presentado el jueves 17 de julio de 2025 y el lanzamiento oficial de la publicación se podrá ver a través de las plataformas digitales del CELAM y la Red Iglesias y Minería.
El Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) es una institución de la Iglesia católica que sirve a las Conferencias Episcopales de América Latina y el Caribe. Mientras que la Red Ecuménica Iglesias y Minería se define como una coalición de comunidades de fe y organizaciones cristianas en América Latina que trabaja en defensa de los derechos de las comunidades afectadas por la minería. Promueve la justicia socioambiental, denuncia las violaciones causadas por el extractivismo, y apoya alternativas sostenibles y respetuosas con la vida y la naturaleza.
En su nota de prensa, ambas instancias señalaron:
“Estas orientaciones pastorales, buscan ser una inspiración para otras iglesias en respuesta a las situaciones de violencia que se viven entre los pueblos y los territorios”.
La Red Ecuménica Iglesias y Minería, en el marco de su campaña de desinversión, ha advertido que todos los conflictos socioambientales están ligados a proyectos mineros, basándose en datos del informe de Global Witness. Entre los proyectos mineros investigados por la Red para el caso de Guatemala, se presenta el de la mina “Marlin”.
Crítica al modelo extractivista y propuesta
El documento de orientaciones pastorales, hecho público en la página web de CELAM y a la espera de su lanzamiento oficial fue inspirado, de acuerdo con CELAM, a partir del encuentro “La Iglesia y las Comunidades Afectadas por la Minería: Encuentro Fraterno de Obispos de América Latina”, realizado en Ciudad de Panamá en octubre 2024.
El planteamiento central del documento pone al centro “el clamor de los pueblos y de la Madre Tierra”. Plantea que la Iglesia reconoce que:
“…muchas de las promesas y garantías de sustentabilidad y desarrollo, con las que los Estados y las empresas mineras obtuvieron la licencia ambiental y social para los proyectos y operaciones extractivas, en realidad son insostenibles y sólo son engaños y disfraces de los intereses corporativos, que encubren los impactos sobre comunidades y territorios, así como las violaciones a los Derechos Humanos y de la Naturaleza.”
Considera que uno de los grandes impactos de la minería en las comunidades es…
“…la ruptura del tejido social, familias y comunidades divididas, y la compra de conciencias.”
Por “extractivismo”, el documento lo entiende como “una desaforada tendencia del sistema económico por convertir en capital los bienes de la naturaleza.
Este tipo de relación con la Madre Tierra, los religiosos la ven como:
“…muy diferente de la que tienen las comunidades campesinas, los pueblos originarios, los pueblos afrodescendientes y muchas culturas de nuestro continente”.
Afirman que es característico de…
“…un modelo económico basado en las ganancias, que no duda en explotar, descartar e incluso matar al ser humano.”
Y va más allá, al indicar que:
“Se trata de una economía que no conoce límites, porque, por definición, solo vale en la medida en que crece; ella destruye y despoja para instalar su ciclo de muerte: extraer, consumir y descartar, tanto los materiales como las personas.”
Agrega el documento:
“Este modelo se ha intensificado y descontrolado aún más al depender ahora de una economía dominada por las finanzas, que lo impulsa: el ritmo de la extracción y exportación de minerales y otras materias primas ya no está determinado sólo por necesidades productivas y comerciales, sino que está orientado por los mercados de acciones, las inversiones, las promesas de crecimiento de las grandes corporaciones y las proyecciones sobre el uso o la escasez futura de los bienes comunes. Este modelo económico contribuye aún más a la desigualdad y al lucro de grandes grupos financieros, por encima de la vida de personas y territorios.”
Hace una propuesta alternativa enmarcada en las “Transiciones al pos-extractivismo”, que busca trazar…
“…caminos concretos hacia modelos de desarrollo menos dependientes de la extracción intensiva de recursos naturales.”
Esta propuesta establece un proceso gradual que abarca tres etapas principales:
Una minería predatoria, que representa el modelo actual, basado en la explotación intensiva con graves impactos socioambientales.
Una minería necesaria, orientada a satisfacer únicamente las demandas prioritarias, reduciendo su escala e implementando estrictos criterios de sostenibilidad ambiental y social.
Una minería esencial, que redefine profundamente el uso de los recursos minerales, limitándolo a lo estrictamente indispensable y con un enfoque centrado en la justicia ecológica y social.
Para los religiosos:
“Estas transiciones implican cambios estructurales en las políticas económicas, la relación con los territorios y la participación de las comunidades afectadas.”
Los religiosos no se apartan en definitiva del extractivismo, en el que ven una parte esencial.
“Es evidente que existe un nivel esencial de extractivismo necesario para la tecnología, la producción y la vida cotidiana. Sin embargo, la minería actual no responde a esta realidad, pues sigue ritmos y tasas de extracción insostenibles, impulsada por la búsqueda de lucro en los mercados financieros y sin políticas de inversión en el reciclaje de materiales ni en estilos de vida y consumo más simples y menos agresivos.”
En el documento se identifican proyecciones que realizan gobiernos y corporaciones hegemónicas de China, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea (UE).
“Esta transición energética demandará la extracción de alrededor de 50 minerales críticos, algunos de ellos, como litio, cobre, cobalto, tierras raras, níquel, en cantidades muy superiores a las actuales. Siguiendo estas proyecciones, la demanda de estos minerales podría aumentar casi cuatro veces para 203013. Eso implica multiplicar dramáticamente conflictos y violencias en las ‘zonas de sacrificio’ destinadas a sostener las economías dominantes.”
En definitiva, se indica que:
“…aumenta el extractivismo, es una falsa solución y niega la sed de dignidad y respeto de las personas y la garantía de vida para el planeta.”
