Organizaciones de derechos humanos ven una esperanza en el MEBHU
Nota de coyuntura No. 221 / por Juan Calles
El Organismo Ejecutivo, encabezado por el Presidente de la República, Bernardo Arévalo de León, presentó el 19 de junio del año en curso, el Mecanismo de Búsqueda Humanitaria de Personas Desaparecidas durante el Conflicto Armado Interno en Guatemala 2026-2036 (MEBHU), oficializado por la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH) en el marco del Día Nacional contra la Desaparición Forzada. Al analizar su contenido destacan sus avances conceptuales, el laberinto financiero de su presupuesto anual, y el previsible rechazo que enfrentará ante un Congreso de la República dominado por las fuerzas de la impunidad y el olvido.
Fuente de la imagen: Impunity Watch.
No hay olvido, el recuerdo perdura y la memoria se construye
Cada 21 de junio, las víctimas del conflicto armado interno (CAI) en Guatemala le recuerdan a la sociedad la deuda histórica que el Estado mantiene con miles de familiares de detenidos desaparecidos. Esta fecha, decretada formalmente como el Día Nacional contra la Desaparición Forzada, rememora de forma dolorosa e imperecedera los hechos del 21 de junio de 1980.
Aquel día, en un despliegue brutal de la maquinaria represiva del gobierno del general Fernando Romeo Lucas García, las fuerzas de seguridad del Estado guatemalteco asaltaron violentamente la sede de la Central Nacional de Trabajadores (CNT) en el Centro Histórico capitalino, secuestrando de golpe a 27 líderes sindicales cuya suerte y paradero jamás volvieron a conocerse. Este crimen colectivo pretendía descabezar al movimiento obrero y popular, marcando un patrón de exterminio selectivo que se expandió por todo el país.
Tras la conclusión de 36 años de un CAI estructurado sobre el racismo, la exclusión de la tierra y la doctrina de la seguridad nacional, las cifras del horror siguen asombrando por su crueldad sistémica: Guatemala registra más de 45 mil personas detenidas-desaparecidas a manos de agentes estatales y estructuras paraestatales. Este macabro censo incluye el desgarrador saldo de 5 mil niños y niñas que fueron arrancados de sus hogares mediante masacres, desplazamientos y redes criminales de adopciones ilegales operadas bajo el amparo de la impunidad castrense.
A tres décadas de los Acuerdos de Paz, la desaparición forzada permanece vigente en la psique nacional como un delito continuo, pues la tortura psicológica de la incertidumbre no cesa para miles de familias que se niegan a firmar la muerte civil de sus seres queridos, sin antes saber la verdad.
La psicóloga, docente e investigadora de la USAC Mayra Gutiérrez fue desaparecida desde el año 2000 en circunstancias aún no esclarecidas a la fecha. Fuente de la imagen: Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN).
Un mecanismo de búsqueda altamente técnico en medio del laberinto estatal
En esta coyuntura, el gobierno de Bernardo Arévalo de León y Karin Herrera Aguilar presentó formalmente el Mecanismo de Búsqueda Humanitaria de Personas Desaparecidas durante el Conflicto Armado Interno en Guatemala 2026-2036 (MEBHU), coordinado por la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH). Este mecanismo, según el documento oficial, introduce un andamiaje técnico y ético sumamente virtuoso que rompe de forma contundente con la narrativa negacionista, la hostilidad institucional y el desmantelamiento de la institucionalidad de la paz perpetrado por las administraciones de Jimmy Morales Cabrera y Alejandro Giammattei Falla.
Entre los aspectos más positivos y encomiables del mecanismo destaca, en primer lugar, su planificación estratégica de largo aliento, estructurada para ejecutarse a lo largo de la década 2026-2036, e integrada plenamente al Plan de Reparación y Dignificación de las Víctimas (PRD). Asimismo, el plan asume de manera formal y explícita los 16 principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas emitidos por el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), lo que responde a los estándares internacionales y los mecanismos reconocidos a nivel mundial.
El MEBHU destaca por incorporar un enfoque profundo de interculturalidad que responde a la realidad de un país donde conviven 23 Pueblos Indígenas, y por garantizar la asignación de traductores en los idiomas locales de las regiones afectadas, a la vez que prescribe un respeto irrestricto hacia las expresiones espirituales, ceremoniales y religiosas de las familias durante los procesos de exhumación y la posterior entrega digna de las osamentas.
A lo anterior se suma la creación de un eje especializado para la niñez desaparecida y las adopciones irregulares conexas al conflicto, articulando una red institucional de acompañamiento psicosocial y asesoría jurídica integral, así como la creación de un Registro Único de Víctimas (RUV).
Otro aporte valioso del mecanismo presentado hace pocos días, es que el Estado valide de forma oficial la experiencia histórica acumulada por las organizaciones civiles y los equipos forenses independientes, singularmente la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), reconociéndolos como auxiliares indispensables en la administración de justicia y estructurando criterios de priorización de casos estrictamente objetivos y científicos.
Vale decir que desde expresiones de la sociedad civil como la Liga de Higiene Mental, ya se han adelantado procesos de búsqueda de personas desaparecidas durante el CAI, en tanto que otras organizaciones como la Asociación Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA) y el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), se fundaron desde mediados de la década de 1980 con el objetivo de demandar y accionar para la búsqueda de personas secuestradas y desaparecidas forzosamente durante los gobiernos militares contrainsurgentes que gobernaron Guatemala desde 1960 hasta esa década.
Recepción del (MEBHU). En la foto, de izquierda a derecha, Marco Antonio Garavito, director de la Liga Guatemalteca de Higiene Mental (LGHM); Fredy Peccerelli, director ejecutivo de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG); Elvyn Leonel Díaz Sánchez, Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH); el Presidente de la República, Bernardo Arévalo de León; Rosalina Tuyuc, fundadora de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA); y Paulo Estrada, presidente y representante legal de la Asociación Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA). Foto de Alex Jacinto y Noé Pérez. Fuente: AGN.
El Legislativo, un desafío para el MEBHU
De acuerdo con el documento que contiene el MEBHU:
“El mecanismo de búsqueda humanitaria no sustituye funciones constitucionales de ninguna entidad, no ejercerá acciones de persecución penal, ni funciones de carácter jurisdiccional, identificación forense o registro civil, considerando que su enfoque es estrictamente humanitario y facilitador. No obstante, cuando la COPADEH lo estime necesario realizará las articulaciones interinstitucionales pertinentes con las instituciones que de conformidad con la Ley y demás disposiciones aplicables les correspondan dichas atribuciones.”
El MEBHU se concibe como un instrumento estratégico del Gobierno de Guatemala para responder a las consecuencias humanitarias aún vigentes del CAI, traduciendo el deber de memoria, verdad y reparación integral en acciones concretas de búsqueda, identificación y restitución digna. Sin embargo, tiene sus orígenes en 2024 cuando Oswaldo Samayoa fue nombrado director de la COPADEH, y un grupo de organizaciones, en el marco de los problemas para realizar exhumaciones en los gobiernos anteriores, comenzaron conjuntamente a diseñar la propuesta del MEBHU.
Si bien el MEBHU es limitado debido a su poca profundidad, organizaciones como las que lo recibieron formalmente el día del evento, consideran que al mismo tiempo es estratégico. Los casos y las acciones, que se presenten, tendrán su tiempo y su momento.
El MEBHU no es una normativa aprobada por el Congreso de la República, sino una disposición administrativa interna oficializada por la COPADEH, pero coordinada con organizaciones de derechos humanos. La COPADEH es un órgano creado por el Acuerdo Gubernativo 100-2020 con atribuciones puramente asesoras y coordinadoras dentro del Organismo Ejecutivo.
Al carecer de un asidero legal vinculante, el mecanismo es débil, si se ve de esa manera. Su alcance dependerá de los casos que se presenten, del nivel interinstitucional que se dé y de la judicialización de los mismos, dependiendo de criterios de las organizaciones involucradas.
El texto del MEBHU admite que el mecanismo…
“…no sustituye funciones constitucionales de ninguna entidad, no ejercerá acciones de persecución penal, ni funciones de carácter jurisdiccional, identificación forense o registro civil”.
Bajo esta naturaleza autolimitada, el mecanismo podría quedar desarmado frente al probable bloqueo de los poderes fácticos y reales, particularmente en el Congreso de la República, pero esto dependerá también de cómo las organizaciones de derechos humanos se activen.
Al no poseer fuerza de ley ordinaria, por ejemplo, carece de la competencia jerárquica para obligar al Ministerio de la Defensa Nacional (MINDEF), a abrir las bóvedas donde descansan los planes militares clasificados de los años 1980, un ocultamiento que el ejército ha blindado históricamente bajo la excusa de la seguridad nacional. Tampoco posee la potestad para exigir cooperación a un Ministerio Público (MP) en plena reestructuración, aún bajo control de poderes oscuros contrarios a la agenda de los derechos humanos, y sin una Ley Nacional de Búsqueda que faculte a los equipos forenses gubernamentales a ingresar a fincas privadas o instalaciones militares amparados por ley.
Sin embargo, para Rosalina Tuyuc, fundadora de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA):
“…el nuevo mecanismo abre la posibilidad de entrar a lugares donde las familias no han podido buscar. Mencionó destacamentos militares, escuelas e iglesias donde, según relató, se ha negado la realización de exhumaciones incluso cuando existen sospechas de cementerios clandestinos.”
En manos de los diputados, el futuro del MEBHU es incierto
En el plano del financiamiento, el MEBHU despierta dudas. En su apartado número 10 referente al financiamiento técnico, el plan detalla una proyección multianual que estipula un requerimiento de
Q 1,000,000.00 como ampliación para la COPADEH en el ejercicio fiscal 2026, en el marco del MEBHU, enfocado en contrataciones profesionales especializadas.
Posteriormente, proyecta Q 7,000,000.00 para el año 2027 y un techo de Q 9,000,000.00 anuales para los ejercicios fiscales subsiguientes, de acuerdo al periodo de 10 años de duración del MEBHU, que serán destinados al desarrollo de las acciones de búsqueda humanitaria, fortalecimiento institucional, atención a familiares, investigación, gestión documental, coordinación interinstitucional, y demás actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos del mecanismo.
El documento señala con total transparencia que estas cifras…
“…constituyen estimaciones técnicas para las acciones vinculadas a la COPADEH como entidad coordinadora”.
Los montos anteriormente indicados, señala el documento, constituyen estimaciones técnicas para las acciones vinculadas a la COPADEH como entidad coordinadora del MEBHU. Para tal efecto, la COPADEH o la entidad responsable en un futuro, elaborará anualmente un Plan de Trabajo que contendrá las actividades, metas, indicadores y requerimientos presupuestarios necesarios del mecanismo, el cual servirá de base para la programación operativa y presupuestaria de cada ejercicio fiscal. No es claro si el presupuesto financiará parte o la totalidad de la operatividad forense nacional que se requiera.
Tampoco es claro si con ese presupuesto se podrá contribuir parcialmente o totalmente con las exhumaciones forenses complejas, de costosos reactivos de laboratorio para perfiles de ADN, resguardo documental informatizado y redes regionales de acompañamiento psicológico. Tampoco queda claro si es un cálculo de la COPADEH o del Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN), y/o discutido entre todos los actores que dieron vida al MEBHU, o si también se dependerá del auxilio financiero de la cooperación internacional.
El mecanismo reconoce explícitamente en su redacción que estas estimaciones…
“…constituyen referencias para la programación institucional multianual y no generan asignaciones presupuestarias automáticas ni compromisos de gasto para ejercicios fiscales futuros”.
Lo anterior significa que la COPADEH deberá someter su plan operativo a las negociaciones técnicas ante el MINFIN y al control político de las comisiones legislativas respectivas.
El MEBHU condensa el dilema fundacional del gobierno de Arévalo de León: una administración capaz de lograr los diseños metodológicos más avanzados de América Latina en derechos humanos, pero con la duda de si podrá librar la batalla política y legal necesaria para dotarlos de poder real. Las expectativas están presentes.
Fredy Peccerelli, director ejecutivo de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), destacó el interés del actual gobierno por atender la deuda histórica. “Me comprometo con ustedes a que funcione o no, con esta administración o con otra, la indagación de desaparecidos continuará”, aseguró Peccerelli.
Paulo Estrada, representante legal de la Asociación Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA), señaló que después de décadas de exigir y preguntar dónde están nuestros parientes, ven una pequeña luz de esperanza. “Esperamos que el mecanismo sea un aporte al país, ante la gran deuda histórica de decirnos dónde están”, subrayó.
