Sector eléctrico, el más beneficiado por demandas al Estado de Guatemala
Nota de coyuntura No. 222 / por Luis Solano
Un contundente informe del Transnational Institute (TNI) y el Institute for Policy Studies (IPS), publicado recientemente, analiza cómo el Sistema de Solución de Controversias Inversor-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés) ha sido utilizado por empresas mineras y energéticas para demandar a Guatemala. El Estado, condenado a pagar US$ 160 millones, está a la espera de dos demandas pendientes por US$ 423 millones, en medio de conflictos vinculados a la defensa del agua, los territorios y los derechos de los Pueblos Indígenas.
Fuente: ISDS Impactos. Recuperado en: https://isds-americalatina.org/guatemala/
“Defender el agua y territorio, enfrentar demandas millonarias: el costo del arbitraje internacional en Guatemala”
De acuerdo con un comunicado de prensa del Institute for Policy Studies (IPS), el informe titulado Guatemala: Radiografía del régimen de protección de inversiones transnacionales, dado a conocer el pasado 18 de junio del año en curso, muestra quiénes demandan, cuánto dinero reclaman, qué sectores económicos concentran los casos, y cómo este sistema profundiza las asimetrías entre las corporaciones privadas y las comunidades afectadas por sus proyectos, todo lo cual se deriva a partir del análisis de las demandas presentadas contra el país.
El informe destaca cómo el Sistema de Solución de Controversias Inversor-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés):
“…inclina la balanza a favor de los inversionistas privados y los intereses corporativos. Mientras las empresas cuentan con un mecanismo poderoso para reclamar compensaciones millonarias cuando consideran afectadas sus inversiones o expectativas de ganancias, las comunidades afectadas por los impactos de esos proyectos carecen de herramientas efectivas para exigir justicia y reparación”.
En ese contexto, en uno de sus apartados, el informe señala que:
“Se llevan las demandas a tribunales como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, el más común, en donde establecen paneles de arbitraje compuestos por tres abogados seleccionados entre las dos partes. Los árbitros no están obligados a considerar los derechos humanos de los pueblos afectados por las inversiones, sino que dictaminan sobre vulneraciones de los privilegios de los inversionistas escritos en los Tratados de Libre Comercio y Tratados Bilaterales de Inversión. Estos tribunales, que no se deben confundir con una corte de justicia, son más parecidos a un ‘Lejano Oeste en Derecho Internacional’, donde ‘realmente no hay leyes concretas’ y ‘la tergiversación de los hechos y notables errores al citar a autoridades son generalizados y, al descubrirlos, generalmente no se penalizan’, como ha dicho el árbitro George Kahale III.”
El informe también hace referencia al llamado “efecto disuasorio” del ISDS como sigue:
“…la presión que ejercen las amenazas de arbitraje sobre los Estados cuando intentan responder a reclamos ambientales, sociales o de derechos humanos.”
El comunicado de prensa hace énfasis en que:
“La experiencia de Guatemala muestra cómo este sistema puede convertirse en una amenaza para los procesos de resistencia comunitaria y para las decisiones públicas destinadas a proteger el ambiente y los derechos de los pueblos indígenas.”
Algunos datos destacados del informe
Desde 2007, Guatemala ha enfrentado 13 demandas arbitrales, de las cuales nueve fueron iniciadas bajo Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y Tratados de Libre Comercio (TLC).
Los inversores reclamaron casi US$ 1,700 millones al Estado guatemalteco.
Los tribunales arbitrales ya condenaron al Estado a pagar más de US$ 160 millones a los inversores, equivalente a más de tres veces el presupuesto del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) en 2025; o a dos veces el presupuesto del Ministerio de Cultura y Deportes (MICUDE) para el mismo periodo.
Más del 50 % de las demandas se concentran en el sector energético.
Guatemala recibió su primera demanda del sector minero por la suspensión de la mina “Progreso VII Derivado” de la empresa estadounidense Kappes, Cassiday & Associates (KCA).
Fuente: “Guatemala: Radiografía del régimen de protección de inversiones transnacionales”.
Casos emblemáticos que el informe presenta
Cuando los inversores demandan a su propio país: el caso de la Microrregión de Ixquisis
En 2021, Energía y Renovación Holding inició una demanda por US$ 178 millones contra Guatemala utilizando un tratado internacional. La empresa, que pertenece a socios guatemaltecos, intentó desarrollar proyectos hidroeléctricos en territorios indígenas en la Microrregión de Yichk ́isis (Ixquisis) de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, pese al rechazo expresado por las comunidades en una Consulta Comunitaria de Buena Fe que tuvo lugar en el año 2009. En 2025, un tribunal arbitral condenó a Guatemala a pagar US$ 64.5 millones más intereses y costos.
La Puya: siete años de arbitraje tras la Resistencia Pacífica a la minería
La minera estadounidense Kappes, Cassiday & Associates demandó a Guatemala por más de US$ 400 millones, luego que la justicia suspendiera su proyecto minero en los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, departamento de Guatemala, por no haber realizado la Consulta Previa a los Pueblos y comunidades indígenas afectados. La Resistencia Pacífica La Puya participó activamente en la defensa del caso. En diciembre de 2025, el tribunal arbitral rechazó la demanda de la empresa y le ordenó pagar una parte de los costos arbitrales del Estado, aunque el Estado igualmente debió asumir millonarios costos legales.
La mina “Marlin”: el efecto disuasorio impide proteger los derechos indígenas
En el 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó Medidas Cautelares a favor de 18 comunidades indígenas mayas, y ordenó al gobierno guatemalteco suspender el proyecto minero “Marlin” de la empresa canadiense Goldcorp Inc., que operó en los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, departamento de San Marcos, e implementar medidas para garantizar la vida y el bienestar de las comunidades. Sin embargo, el temor de una demanda multimillonaria influyó en no realizar la suspensión de la mina.
Fuente: “Guatemala: Radiografía del régimen de protección de inversiones transnacionales”.
Recientemente, el Alcalde de San Miguel Ixtahuacán, Yorch Pérez, presentó nuevamente la petición a Ana Patricia Orantes Thomas, Ministra del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), del cierre total de la mina “Marlin” en su municipio. La petición se hizo acompañar de la denuncia sobre hundimientos y socavones en los alrededores de la mina.
Conclusiones del informe
En los últimos años, Guatemala ha enfrentado una serie de demandas multimillonarias por proyectos energéticos, y una demanda debido a un proyecto minero, que recibieron permisos a pesar del amplio rechazo de los pueblos afectados que se opusieron por sus impactos negativos en su agua, sus territorios y salud comunitaria. Como resultado, se generaron conflictos y procesos de represión, militarización, criminalización y violencia en contra de las comunidades que generalmente quedan en la impunidad.
Sin embargo, cuando los inversores no pueden avanzar con sus proyectos por estos procesos de conflicto y resistencia, demandan al Estado por cientos de millones de dólares. Esto es lo que sucedió en Guatemala.
En el caso de Kappes, Cassiday & Asociados, la empresa finalmente no ganó, pero el Estado aún tendrá que cubrir sus costos legales. En el caso de Energía y Renovación Holding, S.A., el Estado enfrenta una condena significativa si su proceso de anulación no prospera a su favor, y aún enfrenta otra demanda pendiente interpuesta por las empresas Grupo Energía Bogotá (GEB) y Transportadora de Energía de Centroamérica, Sociedad Anónima (TRECSA) por US$ 423 millones.
Además de los altos costos para el erario público, se desconoce cuánto ha costado el efecto disuasorio generado por las demandas y las amenazas de demandas que el Estado ha recibido de empresas mineras, energéticas y posiblemente otras, que intentan disuadir las decisiones públicas en favor de la rendición de cuentas, la protección del ambiente y el respeto de los derechos de las comunidades afectadas, tal como en el caso de la mina “Marlin”.
Mientras el país sigue expuesto a las demandas ISDS, este sistema sigue siendo un obstáculo, debido a que impide una deliberación más a fondo sobre el modelo o los modelos de desarrollo más adecuados para asegurar el respeto de los derechos colectivos de las comunidades y de los Pueblos Indígenas, de manera que se pueda garantizar un ambiente sano y una vida digna en el país.
Tal como destaca la Resistencia Pacífica La Puya en su comunicado del 28 de diciembre de 2025, después que el panel de arbitraje falló en contra de la empresa minera Kappes, Cassiday & Asociados:
“En este sistema de arbitraje injusto, que es una cancha unilateral en donde solamente las empresas transnacionales pueden demandar a los Estados y no al revés, efectivamente el Estado no gana, simplemente no pierde. Guatemala está en un momento propicio en que puede revisar los compromisos que ha asumido en los tratados de inversión y decidir si le conviene mantenerse o no en este sistema ponderando los costos y beneficios”.
Fuente: “Guatemala: Radiografía del régimen de protección de inversiones transnacionales”.
Propuesta del informe de algunas rutas para empezar a salir
del régimen de protección de las inversiones transnacionales
- Iniciar una revisión integral de los Tratados Bilaterales de Inversión y Tratados de Libre Comercio que contengan el mecanismo de solución de controversias inversionista – Estado, con el fin de denunciar, renegociar o rescindir urgentemente todos los acuerdos internacionales de inversión existentes, con el fin de eliminar el mecanismo ISDS.
- Al propósito de una revisión integral:
Realizar una auditoría integral y ciudadana de todos los instrumentos jurídicos con protección de inversiones, de las demandas arbitrales y de sus impactos económicos, sociales y ambientales.
Promover que en la auditoría exista una activa participación de las poblaciones afectadas por proyectos con empresas extranjeras de acuerdo con sus derechos colectivos.
Suspender la posibilidad de que los inversionistas utilicen el ISDS mientras dure la auditoría y seguir sus recomendaciones una vez que concluya.
- Denunciar el Convenio del CIADI y promover el uso de la justicia nacional para la resolución de disputas entre inversor y Estado.
- No firmar nuevos TLC, TBI ni contratos con cláusulas de protección de inversiones y mecanismo ISDS. Por el contrario, dar primacía a tratados internacionales de derechos humanos, indígenas, ambientales y laborales.
- Los esfuerzos del gobierno deben centrarse en crear mecanismos vinculantes de rendición de cuentas y responsabilidad de las empresas, fortalecer obligaciones de planes de cierre, restauración ambiental y reparación integral a las víctimas de abusos empresariales de transnacionales.
