Controversia por opacidad: el MEM acepta secretividad en el plan de cierre de Perenco
Nota de Coyuntura No. 30 / por Juan Calles
En una decisión criticable y preocupante, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) ha accedido a mantener en secreto el plan de cierre de la empresa Perenco en Xan, Petén, donde ha operado por más de 30 años explotando recursos petroleros. Este movimiento, que podría tener profundas implicaciones ambientales y comunitarias, plantea un debate sobre la transparencia del gobierno y la responsabilidad de las corporaciones en la gestión de sus operaciones.
Fuente: Prensa Libre. Recuperado en: t.ly/k2F5C
El plan de cierre
El plan de cierre de una empresa extractiva es fundamental no solo para garantizar el cumplimiento de las normativas ambientales, sino también para asegurar el bienestar de las poblaciones que han vivido a su alrededor. Sin embargo, la decisión del MEM de aceptar la confidencialidad en este proceso plantea serias interrogantes sobre el compromiso del Estado con la rendición de cuentas y la protección de los recursos naturales.
El MEM ha tomado la decisión de clasificar el plan de cierre de Perenco del campo petrolero Xan como un documento confidencial, lo que significa que su contenido no será accesible al público hasta agosto de 2025, cuando vence el contrato. Esta medida genera serias inquietudes pues impide la posibilidad de realizar una auditoría externa sobre el proceso de desmantelamiento del campo. Al optar por esta secretividad, se le otorga a Perenco una oportunidad significativa para llevar a cabo el cese de sus operaciones e infraestructura, sin implementar medidas de remediación adecuadas que aborden los impactos causados en el área protegida en la que opera.
Esta situación se suma a un patrón en el que la empresa ha demostrado habilidad para interpretar y manipular la normativa vigente, evadiendo así la rendición de cuentas por sus actividades. La falta de transparencia en este proceso plantea importantes interrogantes sobre el compromiso de los responsables en la protección del ambiente y el respeto a las comunidades afectadas que, sin ser reconocidas oficialmente, habitan el territorio que abarca los entornos del campo Xan, incluso, algunas de ellas desde antes que se declarara área protegida y Parque Nacional Laguna del Tigre (PNLT), a finales de la década de 1980.
Esta situación podría dejar a comunidades vulnerables sin la información necesaria para defender sus derechos y su entorno. De acuerdo a declaraciones de una representante del Observatorio de Industrias Extractivas (OIE):
“La falta de transparencia es alarmante. Necesitamos claridad sobre cómo Perenco manejará el cierre de sus operaciones y cuáles serán las repercusiones para el medio ambiente y la salud pública”.
Especies en extinción, uno de los legados de la explotación petrolera en Petén
El informe “Petróleo en el bosque político” del OIE, dado a conocer en julio de 2024, presenta datos alarmantes sobre los efectos de la explotación petrolera en la biodiversidad en el área protegida conocida como Laguna del Tigre (PNLT), entre otras, la extinción de especies animales y vegetales, así como la deforestación que afectará a la región por al menos los siguientes 40 años.
Este informe pone de relieve los estragos causados por casi 39 años de explotación petrolera en la región norte de Guatemala. Entre los impactos más significativos se encuentra la destrucción de hábitats para diversas especies. Según el informe, la deforestación resultante de estas actividades extractivas ha llevado a la pérdida de más del 30% de la cobertura forestal en algunas áreas.
Asimismo, se menciona que más de 200 especies de flora y fauna enfrentan un alto riesgo debido a la actividad petrolera, incluidas especies endémicas que dependen de ecosistemas específicos que están siendo devastados por la contaminación del suelo y las aguas provocadas por derrames de petróleo y desechos industriales. La muerte de especies acuáticas y la disminución de la biodiversidad en los ríos y lagos adyacentes a las zonas de extracción son preocupantes.
Este contexto ambiental adverso también desencadena un problema humanitario, debido a que:
…”la extracción de petróleo ha sido el motor inicial de deforestación y contaminación en el humedal dentro del PNLT. Además, debido a la exclusión de las comunidades en la zona, no se ha considerado cómo las actividades petroleras han afectado su salud. Sabemos, por ejemplo, que la exposición prolongada al metano y gas natural puede generar anomalías en el desarrollo fetal y abortos involuntarios en mujeres embarazadas.”
Fuente: OIE. “Petróleo en el bosque político. CAPÍTULO 4 – 2010-2024: LOS ÚLTIMOS AÑOS DEL PETRÓLEO Y LOS INSTRUMENTOS AMBIENTALES DE PERENCO”, página 118.
Un contrato petrolero sospechoso desde su inicio hasta su cierre El contrato 2-85 fue aprobado para una concesión de explotación petrolera con una duración de 25 años, por lo que estaba previsto que finalizara en agosto de 2010. Sin embargo, el gobierno de Álvaro Colom Caballeros (Enero 2008-enero 2012) y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) aprobó una prórroga de 15 años más.
El contrato fue suscrito el 13 de agosto de 1985, inicialmente entre el gobierno de Guatemala y el consorcio español Hispanoil, y Basic Petroleum International Limited. En 1986, Hispanoil se retiró del proyecto, dejando a Basic como la única operadora. En 2002, Perenco negoció con la estadounidense Anadarko Petroleum y le compró los activos de Basic y sus contratos, incluyendo el 2-85.
En medio de fuertes controversias, el contrato fue prorrogado por 15 años adicionales por el gobierno de Colom Caballero extendiendo su vigencia hasta agosto de 2025. Esta prórroga generó un intenso debate político y social, dado que se argumentó que el Estado recibiría regalías mínimas en comparación con las ganancias de la empresa, pero, sobre todo, porque se violó la Ley de Hidrocarburos, Decreto 109-83, que no permitía renovación del contrato tras su conclusión.
El modelo de contrato estipulaba que el Estado recibiría aproximadamente el 46.5% de las regalías, mientras que Perenco se quedaría con el 53.5%. Sin embargo, las regalías efectivas que recibió el Estado fueron considerablemente bajas, lo que generó críticas sobre la equidad del acuerdo.
Además, según el informe “Petróleo en el bosque político” publicado por el OIE, el contrato ha sido objeto de críticas por su impacto ambiental, especialmente en el PNLT, donde se lleva a cabo la extracción. Sumado a ello está a la red de políticos y empresarios que la empresa petrolera construyó para obtener beneficios legales y económicos, sin trabas ni obstáculos.
Desde la entrega del primer diagnóstico ambiental, Perenco tenía un entramado de beneficios legales, administrativos y económicos que habilitaron su funcionamiento en el humedal. Este hecho contrasta enormemente con la realidad de las comunidades, las que experimentaron una serie de desalojos forzados, militarización y presión porque su presencia se considera incompatible con la zonificación del Parque Nacional Laguna del Tigre.”
Con la mirada puesta en el futuro, la decisión de mantener en la sombra el plan de cierre de Perenco no solo plantea retos inmediatos, sino que también lanza un mensaje sobre el rumbo que se está tomando en la gestión de las riquezas naturales del país.
En la encrucijada entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente, la sociedad debe exigir respuestas claras y un compromiso real con el bienestar colectivo. Sin duda, el hecho de la secretividad no es solo un tema de negocios, sino una cuestión de principios que requiere atención inmediata.
