“Urgencia Nacional” o jugada preelectoral: oposición política otorga autonomía financiera a CODEDES y le roba la iniciativa al gobierno de Arévalo de León
Nota de Coyuntura No. 145 / por Equipo de El Observador
El 2 de septiembre del presente año, una coalición de partidos políticos opositores al gobierno de Bernardo Arévalo de León y a la alicaída bancada de diputados oficialistas del cancelado y fraccionado partido Movimiento Semilla, impulsó la aprobación, en una sola sesión plenaria y con carácter de urgencia nacional, de la “Ley para el Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Desarrollo Urbano y Rural”, Decreto 7-2025, que permite a los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDES) retener los recursos que no hayan ejecutado en el año fiscal 2025 para utilizarlos en 2026, revirtiendo la práctica que dichos fondos retornen al Estado.
Foto: Congreso de la República. Intervención del Equipo de El Observador.
Los diputados llegaron a votar después de meses de ausencia
Luego de iniciarse el 1 de agosto pasado el segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la República, y tras varias semanas en las que el hemiciclo parlamentario lucía vacío y sin actividad legislativa en el que se suspendieron, al menos, tres sesiones por falta de quorum, la sesión ordinaria número 29 del 2 de septiembre recibió la visita de más de 140 diputados de todas las bancadas con el objetivo de aprobar, bajo el procedimiento excepcional de la urgencia nacional, el Decreto 7-2025.
Aunque algunos diputados mencionaron después de la votación que este decreto se había aprobado con el apoyo de una alianza de oposición en un “ambiente de apertura al diálogo y al consenso”, en realidad la votación mostró un proceso acelerado y predeterminado en el que no hubo mayor debate; valga decir, la decisión de aprobar este decreto y asestar un golpe político al gobierno de Bernardo Arévalo de León ya estaba tomada días antes de la sesión plenaria del 2 de septiembre.
El hecho de que, al finalizar la votación, una gran cantidad de diputados abandonaran el hemiciclo parlamentario, y obligara a la Junta Directiva a levantar la sesión por falta de quorum, demostró la maniobra política de los partidos de la llamada oposición, en el sentido que la presencia de la gran cantidad de legisladoras y legisladores fue exclusivamente para aprobar el Decreto 7-2025, utilizando textualmente dos artículos de la propuesta inicial que el Ejecutivo promovió bajo la Iniciativa 6576, Ley de Agilización de la Inversión Pública, pero que, igualmente recibió rechazo, inclusive dentro del mismo Gabinete de Gobierno por sus implicaciones, y fue descartada por la misma administración arevalista.
Foto: Congreso de la República, Intervención del Equipo de El Observador.
Una moción privilegiada y la “urgencia nacional” de los diputados y diputadas de la “oposición”
La aprobación del Decreto 7-2025 se realizó bajo el procedimiento de “urgencia nacional,” un mecanismo extraordinario que permite la aprobación de una ley en una sola sesión plenaria. Esto significa que la iniciativa no pase por el proceso ordinario de análisis y dictamen de las comisiones legislativas de trabajo correspondientes, ni por los tres debates requeridos por ley. La normativa fue incluida en la agenda del día a través de una “moción privilegiada”, un procedimiento que alteró el orden del día consensuado días antes en la instancia de Jefes de Bloque, y cuyos principales operadores y cabilderos fueron los diputados: Héctor Julio Estrada, Jefe de la bancada del partido Cabal y Presidente de la Comisión de Finanzas y Moneda, así como Allan Rodríguez, jefe de la bancada de Vamos, el ex partido oficialista que llevó a Alejandro Giammattei Falla al gobierno en el periodo anterior.
Fuera del Congreso, el principal promotor, impulsor y cabildero fue el Alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, integrante del Partido Unionista (PU), quien desde el cargo que ejerce como Presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), se ha convertido en un férreo opositor a las iniciativas del gobierno de Arévalo de León, junto con Ricardo Quiñónez, el cuestionado Alcalde de la ciudad capital y uno de los principales herederos de la dinastía Arzú en la administración edilicia, y también del PU. Ambos alcaldes fueron los artífices del bloqueo a varios artículos referidos a la clasificación de desechos sólidos contenidos en el Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos Comunes, Acuerdo Gubernativo 164-2021, que finalmente logró, a finales de agosto pasado, que la Corte de Constitucionalidad (CC) resolviera a favor de Siero, y declarara inconstitucional dicho reglamento. Ahora se repite la historia con la aprobación del Decreto 7-2025.
Se especula que, tanto Siero como Quiñónez, de cara al próximo evento electoral de 2027, que en la práctica ya arrancó, estarían buscando su reelección en sus actuales cargos, o postularse para otros de mayor rango a futuro.
Esta estrategia de los partidos políticos que han estado adscritos a la estrategia del “Pacto de Impunidad” desde los dos últimos gobiernos, y que ahora están en la oposición bloqueando las iniciativas del Ejecutivo y maniobrando para desgastar su gestión, evidencia que la dinámica política en el Congreso de la República ya cambió al calor del fáctico inicio de un año, abierta y marcadamente preelectoral, que traerá muchos reacomodos en las fuerzas políticas, sean estas partidarias y no partidarias, legales y no legales.
Así, se consolida una alianza de oposición que se convierte en una seria amenaza para el desempeño del gobierno de Bernardo Arévalo de León, ya que la decisión de recurrir a un mecanismo de excepción tan contundente es una demostración de que la aprobación de la ley no fue un acto espontáneo, sino el resultado de una negociación política previa entre los diferentes bloques legislativos, así como entre alcaldes y desde negociaciones hacia el interior de los CODEDES, particularmente entre los jefes ediles y los diputados distritales. Y porque no decirlo, hasta más de alguno de los gobernadores, que si bien fueron nombrados por Arévalo, esa ley los debilita frente a los poderes locales y municipales opositores si no la respaldan.
Esta maniobra legislativa minimizó la posibilidad de objeciones, modificaciones o discusiones profundas sobre las implicaciones de la aprobación del Decreto 7-2025, garantizando su aprobación inmediata.
¿Quiénes votaron a favor?
Durante la sesión se presentaron dos votaciones importantes; la primera, para la moción privilegiada de aprobar de urgencia nacional, obtuvo 108 votos a favor y 32 en contra.Posteriormente, la aprobación final del decreto, una vez discutido por artículos y redacción final, fue respaldada por 105 votos a favor. En ambas votaciones, el número de votos a favor superó el porcentaje de la mayoría calificada, lo cual demuestra la solidez de la coalición que propuso la ley.
Fuente: elaboración propia sobre la base del registro de la votación en la página del Congreso de la República.
Los bloques legislativos que presionaron para aprobar de urgencia nacional el Decreto 7-2025, fueron: Todos, Vamos, Cabal y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Estos partidos, según la composición de la X Legislatura, representan una fuerza considerable en el Legislativo: Vamos con 39 diputados, UNE con 28, Cabal con 18 y Todos con 6. Juntos, estos bloques suman 91 diputados, una base sólida que, al unirse a otros partidos minoritarios que votaron a favor y que han jugado e integrado la alianza que ha operado la estrategia golpista del “Pacto de Impunidad”, tal es el caso del Partido Unionista (PU), Valor, y Visión con Valores (VIVA), a los que se ha sumado Comunidad Elefante, les permite superar fácilmente el umbral de la mayoría calificada necesaria para una aprobación de urgencia nacional.
Quienes votaron en contra fueron los bloques oficialistas del Movimiento Semilla y la nueva organización política llamada Raíces, una fracción parlamentaria que hasta hace poco fue aceptado oficialmente por parte del mandatario que es un bloque “aliado” del oficialismo, lo que confirma el fraccionamiento del Movimiento Semilla que, en conjunto, continúan sumando 23 votos, aunque hubo algunas ausencias; además de las bancadas de los partidos Voluntad, Oportunidad y Solidaridad, (VOS) con un voto en contra; del Movimiento Político Winaq; y la de Compromiso, Renovación y Orden (CREO), que juntos sumaron 4 votos en contra. Estos diputados criticaron abiertamente el Decreto 7-2025 en sus redes sociales, advirtiendo sobre sus riesgos.
Fuente: elaboración propia sobre la base del registro de la votación en la página del Congreso de la República.
La tabla muestra como la oposición cuenta con una mayoría calificada que les permite a estos bloques la capacidad para aprobar legislación de manera independiente, sin necesidad de negociar con el oficialismo, ahora partido en dos bloques y sin el sustento de la alianza que al principio de la presente legislatura se conformó para lograr una Junta Directiva proclive a las propuestas del Ejecutivo, y con el apoyo condicionado de bloques como el de Cabal y Azul. Esa alianza se quebró en el presente año al concluir en mayo el primer periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la República, y eso ha alterado significativamente el balance de poder en el Legislativo.
Esta aprobación no puede ser analizada de forma aislada, sino que debe entenderse como parte de una estrategia política más amplia, y constituye una jugada que afecta directamente las futuras aprobaciones legislativas y la negociación con el gobierno de Arévalo de León y su alicaída bancada de diputados que no logran romper el desgaste impuesto por la oposición política, ya que se da en el contexto de la aprobación, en ciernes, del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026, el principal instrumento de gobernabilidad con el que cuenta el Ejecutivo.
La aprobación del Decreto 7-2025 que otorga a los CODEDES un control autónomo sobre una cantidad sustancial de fondos repite lo que ya se había dado en la negociación del Presupuesto 2025, cuando el gobierno de Arévalo de León y su aún bancada única negociaron, por un lado, que los CODEDES pudieran utilizar en 2025 los fondos no ejecutados en 2024, así como que se les aprobaran asignaciones extraordinarias a cambio, por otro, que se aprobara el Presupuesto 2025 por un monto de Q148.5 millardos.
El decreto aprobadopermite a los CODEDES retener en sus arcas una suma de hasta Q9 millardos en recursos no ejecutados en 2025, en lugar de devolverlos al erario público. El propósito de este movimiento es doble. Primero, debilita el poder del Ejecutivo, ya que la retención de estos fondos extraordinarios priva al gobierno de la capacidad de redistribuirlos en el Presupuesto 2026 para negociar con otros actores políticos o para la ejecución de sus propios programas. Segundo, la ley transfiere un considerable poder financiero y de ejecución a los CODEDES y estructuras municipales con un largo historial de corrupción, influencia política local y partidista.
Este traslado de poder y control sobre los recursos es una demostración clara de cómo el Legislativo puede utilizar su facultad presupuestaria como una herramienta para reconfigurar el balance de poder en el Estado. El control sobre la asignación y ejecución de estos fondos extraordinarios no solo permite a la oposición fortalecer su base en los departamentos y municipios, sino que también limita la capacidad del gobierno central para implementar su agenda. Reproduce, además, una dinámica que se dio en la IX Legislatura por parte de la alianza de partidos integrados en el “Pacto de Impunidad” para apuntalar al pasado gobierno de Alejandro Giammattei Falla (2020-2024) y Vamos.
Además, se debilitan los controles de gasto y se agilizan los trámites, lo que reduce la supervisión sobre la ejecución de dichos fondos. Sumando a ello, esta ley se aprueba en un año preelectoral lo que genera sospechas de que estos recursos se utilicen para desarrollar una temprana campaña clientelar o simplemente financiar las campañas políticas con fondos públicos.
Esta dinámica legislativa representa no solamente el enfrentamiento de dos posturas políticas, sino el enfrentamiento por la hegemonia de poder que se disputan los actores y fuerzas políticas, y fracciones empresariales y militares que han hecho gobierno en Guatemala durante los últimos años, con actores y fuerzas políticas, y fracciones empresariales que buscan un cambio institucional y reencauzar la transición política a la democracia en la orientación original.
En el Congreso de la República de esa cuenta, se observa qué fuerzas se reacomodan y cuáles se van quedando a la zaga de este pulso por la hegemonía que decidirá el futuro en las elecciones estratégicas de 2026 y en las elecciones generales de 2027.
Políticamente, la aprobación se interpreta como una estrategia de la oposición para mermar el poder de negociación del Ejecutivo, en el contexto de la próxima aprobación del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2026, así como de la elección de la Junta Directiva para 2026, con importantes efectos para la gobernabilidad, la transparencia y lucha contra la corrupción.
Vetar o no vetar: la disyuntiva del Ejecutivo
Desde que fue aprobado el Decreto 7-2025,“Ley para el Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Desarrollo Urbano y Rural”, ha sido objeto de severas y diversas críticas que han incluido a centros de investigación económica adscritos al pensamiento hegemónico de la derecha empresarial como el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN); al mismo Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y de la Cámara de Comercio; así como a otras expresiones empresariales no adscritas a estas instancias empresariales hegemónicas como el Consejo Nacional Empresarial (CNE) y a otros expertos críticos y conocedores del área fiscal y presupuestaria como el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), no digamos medios de comunicación tradicionales, que advierten cómo esta ley debilita los controles de gasto, continuaría con la opacidad en el manejo de los fondos públicos, y facilitaría prácticas de corrupción y clientelismo político.
Todas estas posturas han demandado al gobernante que vete la ley, pero, a casi una semana después, el Ejecutivo todavía no ha fijado una postura y, si bien ha dicho que están a la espera del dictamen del Congreso, en La Ronda del 8 de septiembre, Arévalo de León dejó entrever una posición aún no determinante al respecto. Por ejemplo, a la vez que informó que no ha recibido el decreto, dijo que la ley sigue algunos procedimientos en el Congreso de la República, en referencia a los diputados y diputadas oficialistas: Olga Villalta, Brenda Mejía, Raúl Barrera, Manfredo Castañón, José Carlos Sanabria, Luis Enrique Ventura, Mirna Godoy Palala y Alma Luz Guerrero, presentaron nueve objeciones al Decreto 7-2025 aprobado.
Resumen de las objeciones de los diputados y diputadas oficialistas
En un documento de 22 páginas, los diputados y las diputadas oficialistas presentaron nueve objeciones al Decreto 7-2025 aprobado que, en resumen, son las siguientes:
1. Vulneración a los principios de Irretroactividad de la Ley y Certeza Jurídica.
2. Vulneración al principio de Anualidad Presupuestaria.
3. En el Artículo 2, la reforma al Artículo 45 Ter presenta algunas contradicciones con lo regulado por la Constitución Política de la República, que violan el principio de Legalidad en materia administrativa.
4. El Decreto 7-2025 carece de un artículo de vigencia. En consecuencia, tanto el Artículo 2, que reforma el Artículo 47 Ter de la Ley Orgánica del Presupuesto, como el Artículo 3, que modifica y reduce los plazos administrativos, permanecerán vigentes indefinidamente.
5. Se debilitan los controles de transparencia, y la ejecución presupuestaria sería discrecional, sin plazos y responsabilidades establecidas.
6. La redacción del primer párrafo del Artículo 2 cita la frase “…las razones ampliamente justificadas”, sin determinarlas previa ni posteriormente, lo que podría genera conflictos de interpretación respecto de su naturaleza, alcance o validez, por lo que, en aras de la claridad y la precisión, resulta complementar dicha redacción e incorporar expresamente, numerus clausus, los límites, requisitos y condiciones de admisibilidad, tanto de fondo como de dichas razones, de dichas razones.
7. La redacción del tercer párrafo del Artículo 2 es omisa respecto a los mecanismos específicos de transparencia, limitándose a señalar, genéricamente la responsabilidad de las municipalidades y la Contraloría General de Cuentas (CGC) en la materia.
8. El Artículo 1 referido a la aprobación automática en caso de no emitir respuesta dentro del plazo de cinco días hábiles, genera graves consecuencias pues permitirá la ejecución de proyectos sin contar precisamente con los estudios ambientales, culturales y de salud pública que garanticen las sostenibilidad, seguridad y legalidad de los proyectos.
9. En el Artículo 3 se establece lo relativo a la autorización tácita a través del silencio administrativo, disposición que puede resultar negativa en rubros como el medio ambiente, seguridad ciudadana y salud pública, en virtud, de que las evaluaciones técnicas pueden conllevar, dependiendo del caso en particular, una temporalidad mayor, y la extensión de un aval sin dicho proceso puede generar graves riesgos para la población y el entorno nacional.
Por su parte, en la reunión de la instancia de Jefes de Bloque del 8 de septiembre se decidió incluir en la agenda de la plenaria a celebrarse el 9 de septiembre, conocer las objeciones presentadas por la bancada oficialista, ya que en el Congreso de la República deben ser conocidas y discutidas que, en caso de no aceptarse, igualmente deben ser trasladadas a la Presidencia de la República para su sanción y veto.
La posición del Ejecutivo aparece como proclive a la negociación, según lo expresado en La Ronda por Arévalo de León.
“Nosotros ya lo estamos estudiando; tenemos las mismas preocupaciones que el conjunto de la población, alrededor de que no podemos permitir que haya mecanismos que, por la razón que sea, abran la puerta a estos mecanismos de corrupción. (…) el gobierno tiene un doble compromiso: no puede permitirse que haya mecanismos que, en aras de generar más obra, sacrifiquen transparencia o en aras de cuidar la transparencia, no generen obra para la población”.
…el país necesita que la inversión pública se refleje en obra construida. (…) cuando un Codede decide construir un instituto de educación básica, por ejemplo, puede hacerlo, pero es el Gobierno el responsable de proporcionar el equipamiento; lo mismo ocurre con los puestos de salud. (…) la Ley del Presupuesto establece que los Codedes deben tener preparados y planificados los proyectos desde dos años antes. Sin embargo, lo que ha sucedido es que las obras se planificaban y ejecutaban en el mismo año, por lo que hay proyectos que se terminaron de planificar a mediados del 2025 y, ya aprobados, solo quedan seis meses para su implementación.
…se ha discutido en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, y con los alcaldes, que harán dos cosas: una, trabajar para que los proyectos que se ejecutarán en el 2027 estén aprobados al 31 de diciembre del 2026. Esto permite un año para la ejecución de la obra, algo que no ocurre actualmente debido al rezago. hay proyectos para los cuales no alcanzará el tiempo, y ese dinero no conviene que regrese a la cuenta general del Estado, sino que continúe traduciéndose en obras identificadas por el Codede. Se ha acordado permitir que los proyectos no concluidos al 31 de diciembre puedan continuar el año siguiente, para que las obras sean entregadas. (…) en ese sentido, en la Ley del Presupuesto se ha incluido un artículo -el 55- que permite comenzar con esa práctica desde el 2025. No obstante, para ello deben agilizarse los avales.
Así que estaremos atentos a revisarlo en cuanto nos lo envíe el Congreso. Por el momento, estamos analizándolo”.
Si el Ejecutivo finalmente veta el Decreto 7-2025, se apunta políticamente un voto de credibilidad congruente con su propuesta de ataque a la corrupción y la transparencia en el manejo de la cosa pública, y solivianta los intereses de las fuerzas de oposición que están a favor de la corrupción.
En el escenario ya ha reaparecido nuevamente Sebastián Siero que, el 6 de septiembre, le dijo al diario Prensa Libre que, habría manifestaciones si el Ejecutivo veta la ley.
Por el contrario, si Arévalo de León no la veta, le abre el chorro a la corrupción y al manejo turbio de los fondos públicos que se da al interior de los CODEDES, tal como el Movimiento Semilla lo permitió en 2024 con la negociación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio 2025.
