Guatemala dentro del “Escudo de las Américas”: bifurcación entre lo político-ideológico y lo securitario-militar (Segunda parte)
Nota de Coyuntura No. 194 / por Marco Fonseca
La iniciativa hemisférica promovida por la administración de Donald Trump bajo el nombre “Escudo de las Américas” —Shield of the Americas—, no sólo constituye un episodio relevante de la nueva política geopolítica estadounidense hacia América Latina; también ha generado una compleja disputa política dentro de Guatemala. La participación del ministro de Defensa, General de División Henry David Sáenz Ramos, en la “Conferencia de las Américas contra los Cárteles” realizada paralelamente en el Comando Sur (Southcom) en Doral, Florida, el 7 de marzo, revela que lo ocurrido alrededor de la cumbre de Miami es algo más profundo que una simple reunión regional contra el narcotráfico y el crimen transnacional; reafirma los intereses estadounidenses para su seguridad hemisférica, así como su presencia e influencia en Centroamérica y Guatemala.
En la foto, los participantes en la “Conferencia de las Américas contra los Cárteles” el 7 de marzo en Doral, Florida. Imagen: El Observador
I. El papel de la embajada estadounidense
Otro elemento crucial en esta coyuntura es el papel de la embajada de Estados Unidos en Guatemala que está operando más allá de los límites de su misión diplomática y se ha constituido en un verdadero centro de cabildeo a favor de intereses empresariales y corruptos.
Los mensajes publicados por la Embajada estadounidense celebrando la participación guatemalteca en la “Declaración de Seguridad Conjunta” firmada durante la conferencia anti cárteles, indican que Washington quedó satisfecho con la participación del aparato estatal guatemalteco en la iniciativa. Al mismo tiempo, la sede diplomática estadounidense ha promovido activamente una agenda de cooperación que abarca múltiples áreas: infraestructura logística, seguridad portuaria, programas de salud y cooperación económica.
Por otro lado, en la última semana informes han confirmado la intervención de la Embajada de Estados Unidos en la elección de segundo grado en el Congreso de la República para las Magistraturas de la Corte de Constitucionalidad (CC), favoreciendo la reelección oscura del magistrado Roberto Molina Barreto, un candidato al que se le ha señalado vínculos con bandas del narcotráfico, mafias empresariales, exdictadores y la extrema derecha, debido a sus polémicas resoluciones a favor de esos intereses.
Según el diputado Julio Héctor Estrada, del partido Cabal, John M. Barrett, Embajador interino y actual Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, quien asumió el cargo en enero de 2026, realizó llamadas telefónicas personalmente a diputados del Legislativo para presionar a favor de la reelección de Molina Barreto.
Llama la atención que el secretario general de Cabal, el diputado Luis Aguirre, también jefe de bancada, fue expuesto mediáticamente con nexos al narcotráfico por parte de cuentas y medios ligados al llamado “Pacto de Impunidad”, lo cual habría influido en las presiones de la Embajada estadounidense para evitar que el otro candidato favorito a la magistratura de la CC, Rony Eulalio López Contreras, actual magistrado suplente y que era respaldado por Cabal y sectores oficialistas, no se gestara y perdiera apoyos en el Congreso de la República.
Esto marca una ruptura con la política anterior del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de apoyo al actual Presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, y su esfuerzo por erradicar a funcionarios corruptos, incluyendo jueces, de las instituciones estatales y, particularmente, del sistema judicial, electoral y constitucional, y confirmaría que el “lobby anti-embajada” ahora cuenta con oídos más receptivos en Ciudad Cayalá.
Estas acciones se presentan, ya sea como programas de cooperación bilateral o como intervenciones legítimas en función del combate a la corrupción, el crimen organizado o el “narcoterrorismo”. Sin embargo, también forman parte de un proceso más amplio de intervención e integración estratégica del Estado guatemalteco dentro de la arquitectura hemisférica de seguridad impulsada por Washington.
Debe recordarse, además, que ese intervencionismo vía la Embajada estadounidense en Guatemala no es nuevo. Ha ocurrido desde muchas décadas atrás, y siempre ha ido acompañado de cabildeos en Estados Unidos gestados por grupos de poder o de interés de Guatemala, tal como lo ha documentado el Departamento de Justicia de Estados Unidos por medio de la Foreign Agents Registration Act.
II. Infraestructura estratégica y militarización
Uno de los aspectos menos discutidos de esta integración es el papel del Ejército de Guatemala en proyectos de infraestructura estratégica.
Durante los últimos años, las fuerzas armadas han sido incorporadas a programas relacionados con construcción de infraestructura logística, control de rutas estratégicas, seguridad portuaria y fronteriza y cooperación en inteligencia regional.
Ingenieros de Estados Unidos empiezan el estudio de Puerto Quetzal, en el Pacífico guatemalteco. Imagen: Embajada de Estados Unidos / AGN
Esta tendencia refleja un fenómeno más amplio que se observa en varios países latinoamericanos y que consiste en la expansión del papel militar en áreas tradicionalmente civiles, bajo el argumento de la seguridad nacional o de la lucha contra el crimen organizado.
En el contexto del “Escudo de las Américas”, esta expansión adquiere una dimensión geopolítica adicional y muy apremiante.
III. La posición de Arévalo de León
Frente a estas dinámicas, el gobierno de Bernardo Arévalo de León y Karin Herrera Aguilar ha adoptado una política exterior caracterizada por un alto grado de alineamiento con Washington, tanto en términos económicos como geopolíticamente, a pesar de los aranceles y las guerras y ha abierto las puertas del país de par en par a los inversionistas y al ejército estadounidense. Es más, ha logrado evitar que la política arancelaria golpee a la mayor parte del empresariado exportador de Guatemala.
Este alineamiento ha sido interpretado como una estrategia pragmática destinada a evitar confrontaciones con Trump, en un momento en que el gobierno enfrenta fuertes presiones internas. Sin embargo, también ha generado críticas por su carácter subalternista o excesivamente concesivo, tal es el caso del Memorando de Entendimiento (MOU) bilateral en materia de salud por US$ 113 millones firmado por ambos gobiernos, pero que condujo al término del acuerdo entre Guatemala y Cuba para la presencia de médicos cubanos en territorio guatemalteco, muy afín a la presión del lobby guatemalteco con la comunidad cubana de Miami.
El problema estratégico para Arévalo de León es evidente. Al intentar mantener una relación cooperativa con Washington, su gobierno corre el riesgo de fortalecer indirectamente a actores internos integrados en el “Pacto de Corruptos” que mantienen vínculos con sectores del poder político estadounidense. La traición de la Embajada estadounidense en Guatemala encabezada por el Encargado de Negocios, John Barrett, parece confirmar este criterio.
IV. Un panorama incierto
El resultado de estas dinámicas, configuran un panorama político contradictorio para Guatemala.
Por un lado, el país se encuentra cada vez más integrado en la nueva arquitectura hemisférica de seguridad impulsada por Estados Unidos y Arévalo de León ha invertido porcentajes elevadísimos de su capital político para tejer y expandir esta integración. Por otro lado, sin embargo, sectores del “Pacto de Corruptos e Impunidad” están intentando aprovechar esta coyuntura para reconfigurar sus alianzas internacionales, recuperar influencia política y reagruparse para ensamblar su restauración autoritaria en 2027.
La cumbre de Miami no resolvió estas tensiones; más bien las hizo visibles.
En ese sentido, el episodio del “Escudo de las Américas” y la participación entusiasta del ejército guatemalteco en la “Coalición Americana contra los Cárteles”, puede interpretarse como un síntoma de un proceso más amplio que implica la reconfiguración simultánea del orden geopolítico hemisférico y del equilibrio de poder interno en Guatemala.
Para el actual gobierno guatemalteco, el desafío consiste ahora en encontrar un margen de maniobra que le permita navegar estas presiones externas e internas, terminar su período presidencial sin tener que enfrentar otro intento de golpe, y sin quedar atrapado entre la subordinación estratégica y el aislamiento político.
Más aún, entablar conversaciones con el reciente nominado Embajador por Estados Unidos para Guatemala, Juan José Gutiérrez, quien parece afín a los intereses del “Pacto de Impunidad”, y evitar que se convierta en un actor de presión tal que imponga esos intereses al gobierno de Arévalo de León.
El resultado de esta tensión definirá en buena medida el rumbo político del país en lo que va de 2026, en 202 y para los próximos años.
