Movimiento Semilla en la sombra: ¿Se perdió el rumbo del Congreso?
Nota de coyuntura No. 86 / por Juan Calles
Cuando en enero de 2024 la X Legislatura tomaba posesión de sus curules, la opinión pública mostraba un franco espíritu positivo. Se esperaba un cambio en la forma de dirigir el Congreso de la República y una legislación encaminada a atacar la corrupción y el saqueo de las arcas públicas. Los 23 diputados y diputadas del Movimiento Semilla representaban una fuerza joven, con un discurso alejado de las anquilosadas ideas de la vieja escuela política guatemalteca. Tras un poco más de un año, esa ilusión languidece.
Imagen: elaboración El Observador.
La irrupción que no fue
Después de aquel enero de 2024, 13 meses después, la X legislatura ha logrado mostrar que únicamente les interesa continuar con los privilegios que su cargo implica. Muchos de sus diputados y diputadas han hecho alianzas y se han puesto de acuerdo para profundizar el saqueo mediante acuerdos obscuros que no se diferencian mucho de lo que pasaba en las legislaturas anteriores, siendo el abultado salario uno de éstos y en abierta contradicción con la realidad del país.
En su diario enfrentamiento y su cerrazón política, el Congreso de la República luce anquilosado y exhibe un marcado desinterés por los problemas sociales y económicos de la sociedad guatemalteca, que sigue viendo como su poder adquisitivo va a la baja, mientras que los salarios de los diputados y sus prebendas aumentan de forma abusiva.
El ataque del Ministerio Publico, (MP) y sus intentos golpistas contra el Movimiento Semilla, su bancada y el gobierno encabezado por Bernardo Arévalo de León y Karin Herrera Aguilar, ya no son una justificación para la inacción contra el aumento salarial de los diputados y diputadas, por ejemplo, para no accionar en el hemiciclo parlamentario, o para otros temas prioritarios de la problemática nacional.
El partido de gobierno numéricamente es la tercera fuerza parlamentaria con una bancada de tan solo 23 diputados y diputadas, que implican hacer negociaciones continuas, pero estas negociaciones y acuerdos no públicos, únicamente han alcanzado para aprobar ampliaciones presupuestarias o marcos jurídicos con dedicatoria, tal el caso de la aprobación de privilegios fiscales para el sector ganadero contenidos en el Decreto 31-2024, “Ley para la Integración del Sector Productivo Primario y Agropecuario”.
Y mientras sectores de oposición denuncian que ciertos acuerdos incluyen el excesivo aumento salarial que se recetó un grupo de diputados en 2024 abarcando a los 160 legisladores y legisladoras, la diputada del Movimiento Semilla Andrea Villagrán, lo niega y dio a conocer la oposición de Semilla al aumento salarial. No obstante, ese fuerte bloque de diputados de oposición logró que la Junta Directiva del Congreso lo aprobara hace unos días.
Pese a que los líderes del Movimiento Semilla en el hemiciclo parlamentario han negado reiteradamente que la negociación haya incluido dicho aumento salarial, no reaccionaron de inmediato y su actitud no ha sido tan contundente como en las acciones legales tomadas cuando se defienden de las acusaciones y avances golpistas del MP. Ese actuar ha generado críticas. La bancada semillista no ha logrado hasta ahora despejar hasta ahora que ha participado en esos acuerdos obscuros como una forma de mantener alianzas que le permitan estabilidad en el hemiciclo y, en general, en el gobierno, pero a un alto costo político que ya le está pasando la factura.
El 3 de marzo, el Movimiento Semilla realizó una conferencia de prensa en la que anunció su decisión de donar el reciente aumento salarial a obras sociales, buscando mitigar las críticas generadas por el incremento que ha sido objeto de controversia, aunque al mismo tiempo busca sacarle ganancia política. Durante la conferencia, el diputado Román Castellanos se refirió a la aprobación del aumento salarial explicando que las iniciativas que incluyeron este incremento fueron aprobadas con una amplia mayoría de votos, pero, aseguró que Semilla no participó en la votación final del presupuesto del Congreso ni en la enmienda que incluyó el aumento, como lo explicó la diputada Villagrán.
Castellanos enfatizó que su partido no negoció el aumento salarial, destacando que su participación se limitó a aprobar el dictamen inicial del Congreso de la República. Según dijo, en tono molesto…
Esta postura busca despejar dudas sobre la implicación de Semilla en el proceso de aprobación del aumento, mientras que la donación del incremento salarial trata de mejorar la percepción pública del partido en medio de las críticas recibidas, y cuando el tiempo está transcurriendo y el gobierno parece no arrancar.
No obstante, deben remarcarse algunas aprobaciones positivas como la Ley de Competencia, que motiva la libre competencia y regula los monopolios que en Guatemala han dominado la economía nacional por décadas, aunque algunos economistas opinan que dicha ley carece de contundencia, y que es más bien una ley con falencias técnicas. Además, están los temas sociales como el apoyo económico de Q 4 mil anuales para las comadronas registradas y capacitadas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). La Ley Temporal de Desarrollo Integral, así como la Ley de Atención Integral del Cáncer, entre otras.
¿Qué tipo Congreso se tiene hoy en Guatemala?
Un Legislativo en el que las discusiones parlamentarias no pasan de los griteríos y rechiflas, de los chismes de corrillos parlamentarios y en el que las pugnas internas de los partidos se abordan en los medios de comunicación y finalizan con demandas y amparos en el sistema de justicia.
La oposición parece centrarse en mantener una campaña política permanente, mientras busca beneficios económicos que no siempre se alinean con el interés público. Esta postura ha llevado a una oposición de bloqueo que, aunque tiene el derecho legítimo de fiscalizar a ministros y secretarios de Estado, lo ejerce de manera excesiva, sin ofrecer un contrapeso constructivo, y más bien busca el desgaste político de los funcionarios, despertando las afirmaciones que lo hacen dentro de la estrategia y lógica del “Pacto de Impunidad”.
En el último año no se ha registrado ninguna propuesta legislativa significativa por parte de la oposición. Esta ausencia de iniciativas propositivas plantea serias dudas sobre su capacidad para influir positivamente en el panorama político y legislativo del país. En lugar de contribuir con soluciones, la oposición se ha enfocado en obstaculizar, lo que no solo ralentiza el progreso político, sino que también genera desconfianza entre los ciudadanos.
Sumado a ello, un oficialismo sin capacidad de realizar trabajo legislativo en su calidad de diputados y diputadas independientes, se han dedicado a defenderse de los ataques del MP, dejando de lado los temas importantes que el voto ciudadano les asignó al elegirlos/as. Al contrario, han decepcionado a su electorado al mostrar que son capaces de conseguir votos para aprobaciones importantes, pero que no responden a las demandas populares, sino más bien a sus privilegios y funcionamiento político.
Uno de los temas urgentes que fue dejado de lado, es la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que más que avanzar parece tener un camino minado para evitar su avance. Y es que este mismo sistema electoral y de partidos políticos ha generado que los mismos no sean democráticos, ello debido a que muchas veces la democracia interna de los partidos políticos está supeditada a los liderazgos caudillistas, a estructuras oligarcas, a clanes familiares, religiosos, empresariales e incluso del crimen organizado.
Los partidos políticos en Guatemala han dejado de ser partidos ideológicos y, por lo tanto, no cuentan con los valores y principios necesarios para regir su comportamiento dentro del hemiciclo parlamentario. De ahí que las diputadas y diputados al Congreso de la República sean los funcionarios públicos peor calificados por la opinión pública.
Durante la sesión plenaria del 11 de febrero de 2025 se evidenció una vez más la división y polarización en el hemiciclo que al final de cuentas impide el trabajo parlamentario para el que fueron electos y electas; las alegatas y los gritos furibundos desde las curules son el signo de las discusiones parlamentarias, las que no llevan a ningún lugar.
En esta sesión fue aprobada, con 109 votos, una ampliación presupuestaria de Q4 mil 166 millones, ampliación solicitada por el Ministerio de Finanzas Públicas tras la decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC) de suspender cuatro artículos del presupuesto general de este año tras un recurso de inconstitucionalidad presentado por el sector empresarial organizado en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, (CACIF).
Después de esta votación en la que 146 diputados de un total de 160 votaron por una iniciativa de ampliación presupuestaria -109 a favor, 37 en contra-, se enfrascaron en griteríos y acusaciones, en actitudes poco serias en las que la discusión parlamentaria queda reducida a meros berrinches y pataleos de los representantes que, desde sus curules, gritan y chiflan.
Entre riesgos y oportunidades: la nueva dinámica de los diputados independientes
Tras conflictos internos en el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), cinco diputados más fueron declarados independientes, a ellos se suman los 23 diputados del partido de gobierno que actúan como independientes, al estar suspendido su partido político, a solicitud del MP. A pesar de haber sido declarados independientes y no poder presidir comisiones de trabajo, los diputados del Movimiento Semilla han logrado negociar los votos necesarios para que las comisiones estratégicas queden bajo el control de bancadas aliadas.
Los 23 diputadas y diputados del Movimiento Semilla han mostrado capacidad para lograr alianzas parlamentarias y defenderse jurídicamente de los ataques del MP, pero no para fomentar la discusión y una agenda parlamentaria de altura y con beneficios concretos para la población guatemalteca. Fuente: Prensa Libre.
Con ello se demuestra una vez más que el Movimiento Semilla sí es capaz de generar acuerdos, pero, también compromisos, de allí que resulte sospechoso que no exista ninguna acción parlamentaria, ni penal, para detener o criticar el aumento salarial que se auto recetaron sus opositores, incluyéndolos a ellos mismos y mismas. Tanto la Junta Directiva del Congreso presidida por Nery Ramos, como el Movimiento Semilla, quedan mal parados tras dicha aprobación que es rechazada por la población guatemalteca.
Una respuesta populista no contiene la crítica ciudadana y le abre nuevos frentes a Semilla
En respuesta a la conferencia de prensa de Semilla del 3 de marzo y lo propuesto por otros partidos, en relación a donar el aumento salarial, el presidente del Congreso de la República, Nery Ramos y Ramos, quien ha sido aliado de los intereses de Semilla, calificó la medida de oportunista, hipócrita e incoherente, abriendo otro frente contra la bancada oficial que parece quedar cada vez más alejada de las fuerzas políticas que toman decisiones en el Legislativo, a pesar del desgaste político que Ramos y Ramos experimenta por sus oscuras conexiones y su pasado como parte del temido grupo de “Los Riveritas” que funcionaba como un grupo paramilitar dentro de la estructura de la Policía Nacional Civil (PNC).
La X Legislatura, al iniciar su segundo año de funciones, se dirige precipitadamente a obtener el rechazo popular y ser una legislatura que, pese a que al inicio de su gestión gozó de un amplio apoyo ciudadano y se promocionaba como “un Congreso diferente”, finalice como una legislatura lejana a la población, en una situación muy cercana a los últimos periodos legislativos que actúan como una corporación que únicamente procura negocios y tranzas para beneficios sectoriales y particulares.
Esta coyuntura plantea otros riesgos importantes de abordar; en sesiones recientes, los diputados y diputadas independientes han propuesto una reforma a la Ley Orgánica del Congreso de la República con el objetivo de permitir la creación de nuevos bloques legislativos y otorgarles los mismos privilegios que al resto de los diputados. Sin embargo, dicha iniciativa podría reavivar el fenómeno del transfuguismo, una práctica que ha generado preocupaciones en el pasado sobre la estabilidad y transparencia del Legislativo.
Ante este escenario, surge un cuestionamiento clave: ¿Es legítimo apoyar iniciativas y enmiendas que reviven viejas prácticas parlamentarias y prebendas a cambio de apoyos para que el Congreso funcione? O, ¿Es necesario que el oficialismo muestre que puede alcanzar acuerdos para cumplir con las demandas populares que lo eligieron para ello?
