Río Tebernal: desalojo y despojo
Nota de coyuntura No. 87 / por Luis Solano
Tras varios intentos de desalojo de la comunidad Río Tebernal, fue el 5 de marzo que finalmente autoridades judiciales lo ejecutaron con acciones violentas, según se documentó. Ubicada en la finca Jocoló, municipio de Livingston, departamento de Izabal, la comunidad se había asentado en el lugar en 2019, dada la incertidumbre existente sobre la propiedad de esas tierras. Un lugar histórico desde la época colonial, la apropiación de esas tierras se registra a partir de 1889.
Presencia policial durante el desalojo de Río Tebernal. Fuente: https://x.com/CarlosErnesto_C/status/1897640769235698007/photo/1
Un desalojo que estaba en ciernes
A cargo de la jueza Jesnne Selina Mackenzie Meléndez, del Juzgado Segundo de Paz de Livingston, Izabal, el desalojo se llevó a cabo el 5 de marzo, acompañada de cientos de agentes policiales, representantes del Ministerio Público (MP) y de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH). El desalojo tenía como antecedente el último intento ocurrido el 4 de septiembre de 2024, siendo la misma jueza Mackenzie Meléndez la que estuvo a cargo, pero fue suspendido en esa ocasión.
Según la versión de la PDH, en el desalojo del 5 de marzo, esta institución…
“…incidió para que fiscales del Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) pusieran en práctica los protocolos de actuación en materia de desalojo, con el objetivo de no vulnerar los derechos de los ocupantes y de las partes involucradas en la diligencia judicial.”
En su versión, la PDH señaló que la jueza otorgó un tiempo prudencial a los comunitarios para retirarse de forma voluntaria.
“En ese sentido, se recomendó al propietario de la finca objeto de desalojo que reconociera el valor económico de los cultivos, debido a que, durante la época de cosecha, las personas no podrán ingresar a la propiedad para recogerla. Al final del día, las familias decidieron retirarse del sitio de forma voluntaria y no hicieron uso del transporte, albergue ni alimentación ofrecidos por el representante legal de la finca.”
Sin embargo, de manera contrastante quedó documentado por el periodista Carlos Choc que durante el desalojo hubo acciones violentas contra los comunitarios realizadas por particulares armados, ocurridas frente a autoridades oficiales y policiales, sin que actuaran.
Las familias, aproximadamente 37, han quedado a la intemperie mientras la tierra que ocupaban se encuentra ocupada ahora por la gente armada que intervino y que se supone, son guardias de seguridad de la finca. Múltiples reacciones de diversas organizaciones campesinas y de derechos humanos se dieron en protesta y denuncia por ese desalojo. Destaca la exigencia al gobierno de intervenir para resolver la problemática agraria en el país, sobre todo la que ocurre en la Sierra Santa Cruz donde se encuentra la finca Jocoló y la comunidad Río Tebernal. Esa problemática ha sido analizada y documentada por El Observador con anterioridad.
“No se agotó el debido proceso”
De acuerdo con Leocadio Juracán, abogado y representante del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), el desalojo de Río Tebernal no se debió llevar a cabo porque existe un amparo que aún no ha sido resuelto; “no se agotó el debido proceso” asegura el CCDA desde el intento de desalojo de 2024. El CCDA acompaña legalmente a Río Tebernal desde el 2024.
Fuente: CCDA
Juracán considera que el desalojo “fue una arbitrariedad” de la jueza Jesnne Selina Mackenzie Meléndez, debido a que el 23 de septiembre de 2024, el CCDA interpuso un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) explicando el por qué no debía realizarse. La CC lo trasladó el 23 de diciembre de 2024 a la Sala de Apelaciones de Puerto Barrios, Izabal, la cual aún no lo ha resuelto.
En sus redes sociales, el CCDA expresó su fuerte desacuerdo con respecto al desalojo. Para el CCDA no existe seguridad de quien posee la certeza jurídica de la propiedad.
Fuente: CCDA.
¿De quién es la tierra en Jocoló?
En una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) contenida en el Expediente 281-2024 de fecha 27 de agosto de 2024, se resolvió una acción constitucional de amparo que promovió Lily Vidaurre Marroquín por medio de su mandatario general y judicial, Adrián Byron Yuri Mota Vidaurre, contra el Registrador General de la Propiedad de la Zona Central. Ambos dicen ser los dueños de las tierras de la Finca Jocoló y, en el caso particular de Mota Vidaurre, es quien se muestra como propietario y al frente del desalojo.
Vidaurre Marroquín viuda de Mota, de quien se estima una edad de 99 años, es madre de Mota Vidaurre y, si bien la CC resolvió a favor de ambos, en el expediente de marras denota que el Registro General de la Propiedad (RGP) no tiene la información que pruebe la certeza jurídica de la tierra en la Finca Jocoló. Sin embargo, la CC ordenó que el RGP proceda a documentar la propiedad a favor de los amparistas, tal como fue lo solicitado principalmente en el amparo.
Mota Vidaurre alega usurpación de sus tierras. Según el expediente de la CC, Mota Vidaurre y Vidaurre Marroquín serían los dueños desde 1976.
El MP por su parte, no obstante que aún no se resuelve el amparo de CCDA, asegura que existe usurpación. En una nota publicada en sus redes sociales informó que:
“La Agencia Fiscal de la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente en Izabal realiza diligencia de desalojo, autorizada por el juez de Primera Instancia Penal de Izabal, en la finca Jocoló, ubicada en Livingston. Según investigación de la fiscalía, dicha área se encuentra usurpada y se han cometido diferentes delitos ambientales, entre estos, usurpación agravada, atentado contra el patrimonio natural y cultural de la nación, incendio forestal, recolección, utilización y comercialización de productos forestales sin documentación. Por este caso ya existen personas ligadas a proceso”.
De acuerdo con documentos del Registro General de la Propiedad, los terrenos de la ahora finca Jocoló –durante la época colonial se le conoció como Xocoló-, fueron solicitados por primera vez en 1889 por el estadounidense John R. Thomas, quien contó como testigos que las tierras eran baldías a Félix Licona, Sebastián Castillo y Enrique Castillo. Todos aseguraron que las tierras eran habitadas por “indígenas de Alta Vera Paz”.
Luego, en 1896, ya bajo el nombre de Haciendo Jocoló, pasó a manos de Luis M. Parham, dando así inició a una serie de traspasos en los que se denota cómo a partir de 1889, bajo el Estado republicano, se da el despojo de tierras a familias q’eqchi’ que las habitaban.
