Mafía, con Walter Mazariegos a la cabeza, termina de imponerse en la Rectoría y en la USAC
Nota de Coyuntura No. 224 / por Equipo de El Observador
El 1 de julio, con el aval de los tres Magistrados y Magistradas de la Corte de Constitucionalidad (CC) que operan para la estrategia pro impunidad y pro corrupción total del “Pacto de Impunidad”, Walter Mazariegos fue impuesto mediante un segundo fraude consecutivo como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) para el periodo 2026-2030. Esa jornada estuvo marcada por acciones violentas contra manifestantes de la Resistencia Universitaria, quienes fueron agredidos con bombas lacrimógenas y disparos que la seguridad privada y paramilitares realizaron desde adentro de las instalaciones que fueron cerradas.
Imagen: Sede de la Rectoría de la USAC, con mantas que reafirman la toma de posesión, considerada ilegal, de Walter Mazariegos. Foto: diario La Hora, 1 de julio de 2026.
Mazariegos asume sin finiquito y con denuncias pendientes
El 1 de julio, se repitió lo sucedido en 2022 cuando huestes armadas vinculadas que custodiaban el Parque de la Industria, impidieron y protegieron el primer fraude cometido por la estructura mafiosa que rodea a Walter Ramiro Mazariegos Biolis para imponerlo en la Rectoría. De nuevo, Mazariegos Biolis fue juramentado como rector de la USAC para el periodo 2026 – 2030 de manera fraudulenta, ilegal y con total impunidad, pese a no tener finiquito extendido por la Contraloría General de Cuentas (CGC). Peor aún, asumió pese a existir 17 denuncias en su contra en la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público (MP), las cuales se encuentran en distintos expedientes y que estarían bajo investigación.
La sesión para consumar la ilegal toma de posesión ni siquiera fue presencial, fue virtual al igual que el discurso de Mazariegos Biolis, ya que el campus universitario de la zona 12 se encuentra cerrado desde abril del presente año, y las clases virtuales se impusieron como maniobra para evitar protestas y manifestaciones. Inclusive, la virtual toma de posesión fue protegida por una resolución de la CC del 30 de junio, que otorgó amparo provisional a abogados de la USAC, y que ordenó al Ministro de Gobernación…
“…a resguardar el campus central de la USAC ante el riesgo de acciones de confrontación de grupos con intereses particulares”.
La resolución no solo fue firmada por cuatro de las cinco Magistraturas de la CC, incluyendo el voto de la magistrada presidenta, Anabella Morfin, sino que proveyó la presencia de unos 50 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en una de las entradas a la Universidad. Los agentes se mantuvieron expectantes y no hicieron absolutamente nada frente a los ataques con agua, bombas lacrimógenas y disparos que paramilitares apertrechados con total impunidad, hicieron desde adentro de las instalaciones para dispersar a estudiantes y docentes que manifestaban.
Fuente: cuenta de twitter del diputado Samuel Pérez. Recuperado en: https://x.com/samuel_pz/status/2072474180273000899
Hay amplia información con fotos y videos que fueron difundidos por distintos medios de comunicación, que documentan como los policías no hicieron nada cuando un estudiante fue herido por una bomba lacrimógena que le cayó en la cara. En tanto, el oficial de la PNC a cargo, no pudo responder a cuestionamientos que estudiantes le hicieron sobre por qué no actuaban frente a los disparos, para solo decir que “el dispositivo a cargo estaba para que se pudieran ejercer derechos sin confrontación”. Hay, inclusive, fotos donde se observa que los policías corren cuando los paramilitares tiran bombas desde adentro del campus.
Con anterioridad, el 19 de junio, ya una nota del diario La Hora, citando a una fuente a lo interno del CSU, advertía lo que iba a suceder y hacía veraces las expectativas sobre lo que sucedería el 1 de julio: que el criterio en esa instancia era que la Autonomía de la USAC permitía que Mazariegos Biolis tomara posesión, inclusive, sin tener finiquito, ya que este requisito no aplicaría a la universidad pública por ser una institución autónoma, además que a otros rectores no se les había exigido con anterioridad.
Días antes del 1 de julio, Mazariegos Biolis y sus allegados organizaron manifestaciones en las instalaciones de la USAC que supuestamente apoyaban su rectorado fraudulento y su reelección.
De las reacciones de rechazo al fraude y la imposición de Mazariegos Biolis en la Rectoría de la USAC que se produjeron, hay que destacar dos: Por un lado, está el pronunciamiento de la Organización de Estados Americanos (OEA) que subrayó que la toma de posesión en la Rectoría de la USAC, no cierra ni resuelve la controversia institucional existente en la universidad pública, ni puede interpretarse como una convalidación automática de un proceso cuya integridad continúa siendo seriamente cuestionada por amplios sectores de la comunidad universitaria y de la sociedad guatemalteca. La sede de la Unión Europea (UE) en Guatemala, también se expresó en esa línea.
Por otro lado, están las declaraciones del Presidente de la República, Bernardo Arévalo de León, que si bien rechazaron la reelección de Mazariegos Biolis, volvieron a enfatizar en que se respetará la Autonomía de la USAC y que no puede intervenir porque no corresponde al Ejecutivo elegir a las autoridades universitarias.
Las acciones de amparo pendientes
El 11 de junio, la agrupación USAC-DIRE informaba que existían 18 Acciones de Amparo que estaban pendientes de resolverse: 12 a cargo de la Corte de Constitucionalidad (CC), que eran apelaciones que dicha agrupación había interpuesto contra los amparos que la Sala Primera y la Sala Sexta suspendieron; en tanto que, por otro lado, hay seis amparos pendientes en la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo, luego de la resolución de la CC del pasado 1 de junio, que anularon dos amparos provisionales y uno definitivo, que distintos juzgados otorgaron a la agrupación Dignidad y Rescate USAC (USAC-DIRE), que buscaban suspender la elección fraudulenta de Walter Mazariegos Biolis para un segundo periodo en la rectoría de la USAC.
Además, los estudiantes de la Facultad de Ingeniería, de la Facultad de Agronomía y de Ciencias Económicas interpusieron tres amparos contra el CSU por no haberlos acreditado para participar en la elección del 8 de abril pasado en la Antigua Guatemala, cuando Mazariegos Biolis y la estructura que controlan, cometieron un segundo fraude para que ilegalmente se hiciera con la Rectoría de la USAC.
En total, se acumulaban 21 amparos pendientes de resolver.
Posteriormente, el 16 de junio, USAC-DIRE informó que había interpuesto cinco Amparos preventivos en la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo en nombre de los electores debidamente acreditados, para que se le ordenara al CSU no darle posesión a Walter Mazariegos Biolis por no tener finiquito y habían comenzado proceso de trámite, teniendo el CSU 48 horas para responder.
De acuerdo con Aníbal García, del equipo jurídico de USAC-DIRE:
“…el artículo 113 de la Constitución establece como requisitos para ejercer un cargo público la idoneidad, honradez y capacidad, y que la falta del finiquito impide acreditar esas condiciones (…) los amparos fueron promovidos por electores reconocidos por el CSU, con lo cual se busca evitar que las salas rechacen las acciones por falta de legitimación activa”.
En esa misma fecha, USAC-DIRE presentó una denuncia penal en el Ministerio Público (MP) contra 25 integrantes del CSU por permanecer en el cargo cuando su periodo ya venció; contra miembros de la Junta Electoral Universitaria que participaron, el 8 de abril, en la elección fraudulenta de Mazariegos Biolis en la Antigua Guatemala; así como contra autoridades de la Dirección de Asuntos Jurídicos y electores, por anomalías cometidas en esa fecha.
“Los actos denunciados van desde la acreditación de cuerpos electorales contra los que había resoluciones judiciales y validación de representantes que habían renunciado a participar en el proceso —como ocurrió con el Colegio de Arquitectos— hasta la reserva de documentos relacionados con la votación realizada en Antigua Guatemala, incluidos los listados de participantes y el acta que documentaría lo ocurrido”.
“Se concertaron para no aprobar los cuerpos electorales que no eran afines a Mazariegos”, expresó el profesional, y añadió que «la impunidad no puede seguir marcando este caso”.
La denuncia argumentó posibles delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, resoluciones violatorias a la Constitución Política de la República, falsedad material, falsedad ideológica, usurpación de funciones y desobediencia, además de solicitar que se investigara la existencia de asociación ilícita entre los funcionarios universitarios y electores denunciados para que Mazariegos Biolis permanezca en la Rectoría un segundo periodo.
También están pendientes las denuncias que la Contraloría General de Cuentas (CGC) interpuso en marzo del presente año ante el MP, cuando estaba bajo la Jefatura de Consuelo Porras Argueta, contra representantes estudiantiles ante el CSU, después de realizar una auditoría sobre el cumplimiento de requisitos, calidades y períodos de representación entre enero de 2021 y agosto de 2024, las cuales consignó en los Expedientes DAJ-D-11-2025 y DAJ-D-12-2025. Según estas denuncias, se determinó que éstos se han mantenido ejerciendo funciones, pese a tener plazos vencidos.
Asimismo, en la denuncia se sustentan varios casos de personas con colegiado activo, lo que significa que ya se graduaron y ejercen como profesionales, pero figuran en el CSU como representantes estudiantiles, a la vez que aparecen otros que permanecen en los cargos, a pesar que en su facultad se eligió a quienes debían reemplazarlos.
Faltando 10 días para el 1 de julio, el 21 de junio USAC-DIRE convocó a una manifestación pacífica que recorrió algunas calles y avenidas del Centro Histórico y se presentó ante la sede del MP y de la CC. En la misma se estima que participaron unas 2 mil personas.
Un día después, el 22 de junio, medios de prensa informaron que la CC había conocido siete Acciones de Amparo contra la elección de Mazariegos Biolis y, por mayoría 3 a 2, se buscaba declararlos sin materia, pero fueron retirados de agenda. En la sesión no participaron el magistrado Roberto Molina Barreto y la magistrada presidenta, Anabella Morfín, por lo que la sesión fue presidida por la magistrada Astrid Lemus.
El 23 de junio, la Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que, el 17 de junio, había interpuesto una Acción de Amparo en contra del CSU, con el objetivo que el tribunal examinara la legalidad de la elección del Rector de la USAC para el periodo 2026-2030, particularmente en relación con la integración del Consejo Electoral Universitario, el quorum requerido para dicha elección, así como el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad aplicables.
El 26 de junio, el diputado de la bancada del partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), José Chic, presentó una solicitud dirigida al Fiscal General y Jefe del MP, Gabriel García Luna, para que se agilizaran las denuncias que interpuso meses atrás contra Walter Mazariegos Biolis e integrantes del CSU, relacionadas con irregularidades en el proceso de elección de rector del 8 de abril de 2026, así como con el manejo de fondos de la USAC.
Ese mismo día, la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo, que ha sido señalada de ser afín a Mazariegos Biolis, constituida en Tribunal de Amparo, resolvió no otorgar uno de los cinco Amparos preventivos interpuestos por USAC-DIRE el 16 de junio, cuyo objetivo era evitar que el CSU no diera posesión a Mazariegos Biolis como rector de la USAC el 1 de julio.
El 26 de agosto, la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, sin entrar a conocer de fondo el fraude electoral, también rechazó el amparo que presentó la PGN que buscaba frenar la juramentación de Mazariegos Biolis como rector de la USAC el 1 de julio, dadas las irregularidades denunciadas que se dieron el 8 de abril en la elección que tuvo lugar en la Antigua Guatemala. Según la sala, los argumentos presentados en el amparo contenían errores. La sala había dado 48 horas al CSU para que presentara un informe circunstanciado y, tras recibirlo, emitido dicho fallo.
Por su parte, la PGN apeló la resolución de la Sala Primera ante la CC con el objetivo que se reactivara la acción legal que permitiera anular la sesión fraudulenta del CSU del 8 de abril.
El 30 de junio, el abogado Aníbal García, del equipo jurídico de USAC DIRE, informó que la CC había dado un plazo de 48 horas a la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo para que enviara el expediente donde resolvió no otorgar el Amparo Provisional que buscaba evitar que el CSU juramentara a Mazariegos Biolis como rector de la USAC para un segundo período, ya que no contaba con finiquito.
Ese mismo 30 de junio, estudiantes criminalizados y expulsados de la USAC por la estructura que controla Mazariegos Biolis, en conferencia de prensa denunciaron ser víctimas de acoso sistemático por parte de cuentas netcenters, que están culpando a otros estudiantes sancarlistas de amenazar a los magistrados y magistradas de la CC, a la vez que hicieron una exhortativa al MP para que no permitiera denuncias espurias. Informaron, además, que presentarían una solicitud formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por las acciones represivas de que han sido víctimas.
¿Qué sigue?
Existen expectativas respecto de qué va a suceder y qué pasará con las acciones de amparo pendientes de resolver por parte de la CC y distintas salas, así como si el MP actuará frente a las denuncias contra Mazariegos Biolis que tiene bajo investigación, según ha informado el Fiscal General, Gabriel García Luna.
En entrevista a Prensa Libre, Rodolfo Chang, integrante de USAC-DIRE, indicó que la CC todavía tiene la posibilidad de actuar frente a la crisis de la USAC, pues hay Acciones de Amparo pendientes de resolver sobre la elección fraudulenta e ilegal del 8 de abril. Asimismo, considera que algunas salas todavía tienen en sus manos decisiones que pueden anular el proceso electoral.
“Él (Mazariegos) precipitadamente hizo esta toma de posesión ilegal, fantasma y ficticia. Fue una actividad más mediática por tal de correr y demostrar que él sí es el rector, pero no es así…
Él se sentirá rector, pero está cometiendo una ilegalidad y lo peor es que tiene cómplices en el CSU, porque ellos son los que, a la larga, tienen que responder legalmente, porque el voto de cada uno de ellos vale como la máxima autoridad de la Universidad de San Carlos de Guatemala”.
Si bien Chang dice tener todavía confianza en el sistema judicial, hay preguntas obligadas que vale la pena responder:
Qué se hace en un sistema político y judicial donde las instituciones encargadas de hacer valer la Constitución Política y las leyes, están tomadas y controladas por actores y estructuras vinculadas al “Pacto de Impunidad”. Su estrategia de corrupción e impunidad total es el norte y se busca imponer un régimen cerrado y de parlamentarismo negro donde los derechos humanos y los propios ordenamientos se violentan con subterfugios legales
Qué se hace en un régimen donde las propias instituciones de justicia están violentando las propias leyes y las normas vigentes, y ya no hay otras instituciones que hagan valer los derechos humanos y generen pesos y contrapesos que aseguren el equilibrio político del sistema en su conjunto, y la llamada independencia de Poderes del Estado
Qué se hace en un régimen donde la USAC es una parte clave de ese engranaje de impunidad y corrupción, y en donde el mantener la estructura mafiosa que encabeza Walter Mazariegos Biolis es estratégica para estos intereses. Pregunta que cabe de cara no solo a la próxima elección de la jefatura de la Contraloría General de Cuentas (CGC), sino al proceso político electoral que se avizora para 2027, y en donde seguramente habrá un reacomodo de los poderes reales y oligárquicos
Lo que hay que tener claro es que, por el momento, la CC, bajo control del “Pacto de Impunidad” y sus magistraturas, pasó a ser nuevamente el operador directo de la estrategia de ese Pacto, luego de la salida de Consuelo Porras Argueta del MP. Será esa CC que asegurará los intereses mafiosos que deambulan y controlan el Estado, en un contexto en donde hay dudas, inclusive, de acuerdos políticos secretos con un Ejecutivo impávido y timorato ante la situación, aunque se pronuncie en contra del fraudulento e ilegal rector.
