El contraste de la dignidad comunitaria frente al descaro de la impunidad
Nota de coyuntura No. 231/ por Juan Calles
El 15 de julio de 2026 quedará marcado en la historia de la Justicia Transicional de Guatemala como una jornada de profundas y dolorosas contradicciones. En la aldea Pacoj, ubicada en el municipio de San Martín Jilotepeque, departamento de Chimaltenango, unas 300 personas del Pueblo Maya Kaqchikel se congregaron en un ambiente solemne para inaugurar un nicho comunitario, un mausoleo y un monumento conmemorativo, y dignificar así la memoria de 72 víctimas del conflicto armado interno, paradójicamente, el mismo día en que el Tribunal de Mayor Riesgo “B” otorgaba arresto domiciliario al general retirado Benedicto Lucas García, acusado de genocidio contra el Pueblo Maya Ixil.
Foto: El Observador.
El cierre de un largo y doloroso ciclo y sus paradojas
Entre los asistentes al homenaje de dignificación se encontraba don Saturnino Us, quien es sobreviviente de la “Masacre de Pacoj” en donde fueron asesinados su madrastra y sus tíos. En el momento de la masacre, don Saturnino tenía 30 años y apenas uno de haber concluido su servicio militar. Días antes, observó movimientos de tropas extraños, por lo que pudo estar alerta y así escapar de la muerte junto a su esposa e hijos ese día, cuando el ejército asesinó a familias enteras en su comunidad.
Recuerda con dolor:
“Mi madrastra no quiso salir, no creyó que los militares le hicieran algo, y se quedó juntando el fuego para el desayuno. Cuando llegaron los soldados, la degollaron en la cocina de la casa”. El acto buscaba dar un descanso digno a los restos de las víctimas de las masacres perpetradas por el ejército de Guatemala en febrero de 1982. La entrega oficial de los nichos en el cementerio de Pacoj representó el cierre de un largo y doloroso ciclo de incertidumbre para decenas de familias. Aunque las primeras exhumaciones de las fosas clandestinas se realizaron en 1998 y otras en 2014 por parte de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), los restos de estas personas pasaron más de dos décadas hacinados en cajas de madera numeradas dentro de una pequeña y húmeda bodega de 2.5 metros cuadrados en ese cementerio.
Impunidad para Benedicto Lucas García
La culminación de este esfuerzo de memoria comunitaria coincidió de manera chocante con una resolución judicial dictada a 70 kilómetros de distancia, en la Ciudad de Guatemala, donde el Tribunal de Mayor Riesgo “B” benefició con arresto domiciliario al general de Brigada retirado Manuel Benedicto Lucas García, uno de los máximos responsables de las políticas de contrainsurgencia de la época y quien se desempeñaba como Jefe del Estado Mayor del Ejército en 1982, cuando ocurrieron las masacres en las aldeas de San Martín Jilotepeque, Chimaltenango, durante el gobierno militar autoritario y represivo de su hermano, el general retirado Fernando Romeo Lucas García (marzo 1978 – marzo 1982).
La jueza Marlin Mayela González Arrivillaga, presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo “B”, otorgó la medida sustitutiva de arresto domiciliario a Benedicto Lucas García, de 93 años de edad. La juzgadora argumentó razones de avanzada edad y deterioro de salud para relevarlo de la detención preventiva que cumplía en el Centro Médico Militar. En dicho proceso judicial, Lucas García fue condenado a 33 años de prisión por la desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen, y a 25 años por delitos contra los deberes de la humanidad relacionados con la detención ilegal, tortura y violencia sexual cometidas contra Emma Guadalupe Molina Theissen, hermana de Marco Antonio, tras ser capturada por el ejército.
La defensa del exjefe del Estado Mayor del Ejército omitió deliberadamente que su defendido ya gozaba de privilegios y atenciones geriátricas especializadas en la instalación militar, lejos de las condiciones de una prisión común.
Asimismo, Lucas García era juzgado por el delito de genocidio contra el Pueblo Maya Ixil, al ser señalado como responsable de la planificación de operaciones militares en dicha región, entre 1981 y 1982, período en el que ocupaba la jefatura del Estado Mayor del Ejército. En este proceso, la Fiscalía lo acusó de genocidio, desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad, atribuyéndole responsabilidad en masacres, desplazamientos forzados y otras graves violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, cuando el juicio estaba por concluir, la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo, integrada por la magistrada Miriam Regina Brolo, y los magistrados Marco Tulio Pérez Lemus y Jorge Emilio Morales Quezada, ordenó cambiar de tribunal y, posteriormente, la Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó que el debate debía reiniciarse. Por ello, nunca se emitió una sentencia de fondo, a pesar que durante el proceso se presentaron testimonios y documentos que fundamentaban su responsabilidad, quedando este caso cobijado por la impunidad.
El Estado de Guatemala incumplió sistemáticamente la promesa de entierros dignos contemplada en los Acuerdos de Paz de 1996, dejando la responsabilidad en manos de las propias víctimas. La construcción de la imponente estructura de cemento de tres metros de alto, coronada con una cruz blanca y la inscripción «Víctimas C.A.I.» —Conflicto Armado Interno—, fue posible únicamente gracias a las donaciones de los vecinos, la asistencia técnica de la FAFG y del Centro para el Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA), así como al financiamiento proveniente de la cooperación internacional española a través de agencias solidarias, sin recibir un solo centavo del erario público.
De acuerdo con CAFCA, en ese mausoleo descansarán los restos de 66 víctimas civiles fallecidas en hechos violentos ocurridos durante el CAI en las comunidades: Pacoj, Cruz Nueva, Chiuleu, El Rosario, Choatalum y Destacamento Militar de Choatalum. Así mismo, dos miembros de la insurgencia originarios de San Martín Jilotepeque, fallecidos en Santa María Nebaj e Ixcán, Quiché.
Las familias y sobrevivientes podrán honrar la memoria de sus seres queridos. Foto: El Observador.
La ceremonia, que incluyó una misa católica y música tradicional, completó el momento de compartir el atol y el pulique entre los asistentes y familiares de las víctimas, pero todo se vio ensombrecido al mediodía cuando las noticias llegaron a la aldea informando sobre la impunidad para Lucas García al otorgarle arresto domiciliario, en el proceso judicial que se le sigue por el caso conocido como “Genocidio Ixil”.
La reacción de los sobrevivientes en Chimaltenango fue de indignación. Silvio Tay, representante de la Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR), cerró los actos conmemorativos convocando a una rueda de prensa de urgencia frente al recién develado monumento en la que los participantes calificaron la medida judicial de «altamente indignante», a la vez que denunciaron que este beneficio evidencia la cooptación y corrupción del sistema de justicia guatemalteco, diseñado para favorecer a los violadores y perpetradores por encima de los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas.
Fuente: https://x.com/i/status/2077515101138030892
La AJR, conjuntamente, con la Convergencia por los Derechos Humanos (CDH), emitieron un comunicado categórico afirmando que, otorgar la libertad condicional a un procesado por genocidio y desaparición forzada, vulnera flagrantemente el derecho a la tutela judicial efectiva y pone en grave peligro físico y psicológico a los más de 100 testigos que declararon valientemente en los juicios contra el general retirado.
Más de 300 personas fueron masacradas en Pacoj y en el Río Pixcayá
La “Masacre de Pacoj” comenzó el viernes 12 de febrero de 1982, a poco más de un mes antes del golpe de Estado del 23 de marzo de 1982, encabezado por un triunvirato militar con el general José Efraín Ríos Montt al frente, ya fallecido y quien también fue prácticamente absuelto en el juicio por genocidio que se le siguió en 2013 a él y a Mauricio Rodríguez Sánchez, el Jefe de Inteligencia Militar, cuando la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó retrotraer el proceso luego que la plana mayor del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), alegara falta del debido proceso en este caso, lo que evidenció la vieja alianza oligárquico-militar.
Ese día, tropas de infantería irrumpieron en el caserío Pacoj ejecutando, de forma sumaria, a unas 60 personas de origen maya kaqchikel. Las investigaciones forenses y testimoniales determinaron que los soldados aplicaron métodos extremos de tortura, quemaron viviendas con personas en su interior, saquearon cosechas y cometieron violaciones sexuales masivas contra las mujeres de la comunidad antes de su ejecución.
Fuente: Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH).
Al mismo tiempo, en el destacamento militar de ese entonces instalado en la aldea Choatalum, el ejército detuvo ilegalmente, torturó y asesinó a seis líderes locales cuyos restos fueron recuperados de fosas comunes clandestinas en la aldea Chijocón Panatzan, Chimaltenango, décadas más tarde.
Pocas semanas después, entre el 18 y el 19 de marzo de 1982, pocos días antes del golpe de Estado del 23 de marzo, las fuerzas armadas perpetraron una de las matanzas más crueles y extremas del área en las riberas del Río Pixcaya, el cual sirve de límite geográfico entre San Martín Jilotepeque y el municipio de San Juan Sacatepéquez, sede de la academia militar Escuela Politécnica desde 1977. Decenas de familias kaqchikeles huían de las incursiones y bombardeos en las partes altas del altiplano y buscaban refugio cruzando el río. En ese contexto, el ejército emboscó a los desplazados civiles, asesinando a unas 352 personas en las orillas de la cuenca.
Los relatos recolectados en el Caso Ilustrativo No. 50 de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH): “Masacre del Río Pixcayá”, aldea Estancia de La Virgen, San Martín Jilotepeque, describen la inaudita crueldad del operativo:
“…militares arrebataban a bebés de pecho y niños de un año de edad de los brazos de sus madres para arrojarlos vivos al río, donde morían ahogados. Los cuerpos insepultos quedaron esparcidos por la ribera, siendo devorados por aves de rapiña y perros domésticos que arrastraban extremidades infantiles entre las plantaciones de maíz destruidas, mientras en el bosque alrededor, se podían ver restos humanos mal enterrados”. El monumento conmemorativo y el osario inaugurados en el cementerio de Pacoj el pasado 15 de julio de 2026, rinden tributo a las víctimas identificadas y recuperadas de estas atrocidades, como una medida de reparación que busca sanar la herida histórica en las comunidades de San Martín Jilotepeque.
Hoy los restos de víctimas de las masacres tienen un lugar digno. Foto: El Observador.
