Grupo de Trabajo de la ONU advierte sobre violaciones de DDHH por parte de empresas
Nota de Coyuntura No. 245 / por Equipo de El Observador
El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas (ONU) sobre Empresas y Derechos Humanos, cuya delegación estuvo integrada por Fernanda Hopenhaym y Lyra Jakulevičienė, estuvo en Guatemala en su primera visita oficial, del 18 al 28 de agosto, a invitación del gobierno actual de Bernardo Arévalo de León y Karin Herrera Aguilar. Al final de la visita, advirtió que las actividades empresariales siguen teniendo impactos negativos en materia de derechos humanos relacionados con los recursos naturales, incluidos el agua y la tierra, el medioambiente y la salud, así como sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y los derechos laborales.
Fuente: elaboración El Observador sobre la base de trabajo de campo y con asistencia de IA.
Los temas y las problemáticas verificados por el Grupo de Trabajo
En el periodo de su estancia, el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (también conocido como el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos) sostuvo una serie de reuniones con las autoridades del Poder Ejecutivo y con ministros de varias carteras y secretarías adscritas a la Presidencia de la República; del Ministerio Público (MP); de la Policía Nacional Civil (PNC); el Programa Nacional de Competitividad (COPRECOM); las Gobernadoras de Quetzaltenango y Suchitepéquez y el Gobernador de San Marcos.
Con el sector de la administración y aplicación de la justicia, sostuvo reuniones con la presidenta y una magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC), un representante de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Procurador de los Derechos Humanos (PDH). No se reunió con autoridades del Poder Legislativo, pese a que solicitó audiencias.
A nivel empresarial, se reunió con las principales cámaras e instancias empresariales, incluyendo el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), y con el grupo más granado de las empresas palmeras, ingenios azucareros, mineras, y de generación y transporte de energía eléctrica.
Así mismo, sostuvo reuniones con expresiones de sociedad civil organizada, con representantes de los Pueblos Indígenas y personas defensoras de los derechos humanos, juventudes, periodistas, academia y personas trabajadoras; con el Equipo de país de las Naciones Unidas y con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Como parte de su periplo, también se trasladó a varios territorios a reunirse con comunidades y organizaciones sociales para verificar el estado de los derechos humanos relacionados con la operatividad de las empresas y los proyectos de inversión que integran el modelo de acumulación capitalista en boga en Guatemala. Al final de la visita a Guatemala el 28 de agosto, en conferencia de prensa las dos delegadas presentaron un informe con sus observaciones preliminares de la jornada de trabajo realizada, el cual aborda y enfatiza en los siguientes apartados:
- El deber del Estado de proteger los derechos humanos.
- Responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos.
- Acceso a mecanismos de reparación.
- Temas específicos de interés.
- Pueblos Indígenas.
- Personas defensoras de los derechos humanos.
- Género.
- Medio ambiente y recursos naturales.
- Derechos laborales.
Las conclusiones de dicho informe preliminar recogen las principales consideraciones del Grupo de Trabajo respecto de los apartados ya mencionados, y se resumen en:
- Si bien se saluda la apertura y el compromiso del gobierno para aplicar los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, preocupan los graves retos en relación con las brechas en la legislación y su aplicación, la falta de capacidad y de recursos en las instituciones gubernamentales, y las cuestiones relacionadas con la independencia y la eficacia del sistema judici.
- Las actividades empresariales siguen teniendo impactos negativos en materia de derechos humanos relacionados con los recursos naturales, incluidos al agua y la tierra, el medioambiente y la salud, así como sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y los derechos laborales. Se han denunciado en repetidas ocasiones casos de influencia indebida de las empresas y las asociaciones empresariales en la toma de decisiones públicas, lo cual es motivo de especial preocupación. Garantizar y respetar las consultas y el Consentimiento Libre, Previo e Informado sigue siendo un reto importante en el país. La criminalización generalizada de personas defensoras de los derechos humanos es alarmante y debe cesar de inmediato.
- Si bien el Gobierno y las empresas han adoptado una serie de medidas positivas, el cumplimiento de los derechos humanos en el contexto de las operaciones empresariales se ve, en la práctica, considerablemente limitado por problemas estructurales. Se necesitan más esfuerzos por parte de los actores estatales y privados para garantizar la plena aplicación de los Principios Rectores, lo que beneficiaría a la sociedad guatemalteca en su conjunto, así como a la economía y la competitividad del país. El Grupo de Trabajo insta a todos los sectores a reforzar sus compromisos y acciones, y se mantiene dispuesto a continuar su colaboración y diálogo con todas las partes.
En San Marcos: minería, monocultivos y energía eléctrica
En San Marcos, donde el Grupo de Trabajo estuvo el 23 de agosto de 2026 para reunirse con distintas expresiones comunitarias y organizaciones sociales, se presentaron cuatro casos representativos que ilustran patrones de violación de derechos humanos en sectores críticos: minería, energía hidroeléctrica, agricultura industrial y relaciones laborales.
En minería se presentó la situación del proyecto minero “Marlin” que operó Montana Exploradora desde 2004 hasta 2018 y que, a ocho años de haber concluido formalmente operaciones, el cierre técnico de la mina no se ha dado y continúa generando impactos sociales y ambientales a las comunidades Mam aledañas, tanto en San Miguel Ixtahuacán como Sipacapa. Resaltó el incumplimiento de las Medidas Cautelares otorgadas en mayo de 2010 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a las 18 comunidades que las interpusieron, en el marco del caso litigado y que se gestiona contra el Estado de Guatemala en esa instancia.
Las organizaciones comunitarias y sociales presentes, transmitieron al Grupo de Trabajo información sobre las violaciones a los derechos humanos colectivos que han documento, a saber: la falta de Consulta Previa, Libre e Informada a las comunidades Mam, en abierta violación de lo estipulado en el Convenio 169 de Organización Internacional del Trabajo (OIT); la contaminación de agua por parte del proyecto, dada la presencia de arsénico y metales pesados en pozos comunitarios y ríos; impacto en medios de vida por la pérdida de tierras agrícolas ancestrales, y reducción de la capacidad de subsistencia por lo mismo, así como el derecho a la reparación.
En cuanto a los proyectos hidroeléctricos, se presentó el caso de la hidroeléctrica Tzalá en el municipio de San Pablo, el cual se quiso imponer a las comunidades por parte de la familia Minondo Ayau sin observar la Consulta Libre, Previa e Informada a las comunidades mames, a la vez que hubo criminalización y judicialización contra liderazgos comunitarios. Se denunció que los derechos colectivos violentados son: derecho al territorio y a los recursos naturales, al intentar implementar un proyecto hidroeléctrico afectando a los ríos, tierras y bienes naturales custodiados tradicionalmente por comunidades y pueblos indígenas; derecho a la participación y consulta; derecho al agua y a los medios de vida pues se afectó el acceso al río y se modificó su caudal, afectando el consumo de las personas, la agricultura, pesca, actividades productivas y culturales; y derecho a la libertad de expresión, reunión y participación.
Resulta contradictorio, señalaron las organizaciones sociales y comunitarias presentes, que los beneficios económicos de estos proyectos no se distribuyen entre las comunidades impactadas, y hay cobros excesivos y abusivos del servicio eléctrico por parte de la transnacional Energía de Guatemala (ENERGUATE), a través de la Distribuidora de Energía de Occidente, Sociedad Anónima (DEOCSA). Debe recordarse que desde 2014 hasta la fecha, municipios y comunidades de departamentos de la Costa Sur como San Marcos, Suchitepéquez y Retalhuleu, se organizaron frente a los cobros excesivos e injustificados por el servicio de la energía eléctrica, el mal servicio y los constantes cortes por parte de ENERGUATE, por lo que levantaron la campaña por el “No Pago” a la vez que han rechazado la presencia de esta empresa.
Respecto a los monocultivos y la contaminación, se expuso la expansión acelerada de la palma aceitera y el banano, particularmente en los municipios de La Blanca y Ocós, así como en el territorio del Manchón Guamuchal, donde operan los grupos empresariales corporativos HAME y Agrocaribe a través de BANASA, ambos respectivamente propiedad la familia Molina Espinoza y Bolaños Valle. Se denunció que ello ha generado concentración de tierras y desplazamiento de pequeños productores, a la vez que el uso intensivo de pesticidas ha causado contaminación de acuíferos y enfermedades en poblaciones cercanas, en tanto que los trabajadores agrícolas enfrentan condiciones de precariedad laboral y exposición a sustancias agrotóxicas sin protección.
Las violaciones identificadas que se expusieron son: el derecho a la salud por las enfermedades dermatológicas y respiratorias en proximidad a zonas de fumigación; los derechos laborales como salarios por debajo del mínimo, jornadas extendidas sin horas extras y sin protección social; el daño ambiental por la contaminación del agua y suelos con residuos de agroquímicos, desviación de ríos, secamiento de pampas y pérdida de especies; la libertad de asociación por la represión de los sindicatos y las organizaciones de trabajadores agrícolas; la falta de seguridad ocupacional por la ausencia de equipo de protección personal en ambientes tóxicos; y la inseguridad alimentaria porque se ha afectado la economía campesina, así como la pesca artesanal.
Respecto a los derechos laborales de fincas, se expuso las condiciones precarias, el pago de salarios por debajo del mínimo, el acoso y criminalización de los trabajadores sindicalizados, la falta de prestaciones y seguridad social.
En Santo Domingo Suchitepéquez: impactos ambientales de los monocultivos, agrotóxicos y criminalización
El Grupo de Trabajo también se hizo presente en el municipio de Santo Domingo Suchitepéquez, departamento de Suchitepéquez, y se reunió con abogados, grupos de mujeres y organizaciones que trabajan por la defensa del territorio y abogando por la seguridad alimentaria. La reunión se realizó en la comunidad La Lupita de dicho municipio.
Ahí se informó y denunció el impacto de los monocultivos y el uso de los agrotóxicos por parte de las plantaciones de palma africana, caña de azúcar, hule y bananeras, en el agua, las semillas y la seguridad alimentaria, así como la criminalización de que son objeto los liderazgos comunitarios, y el asesinato de mujeres activistas.
Se denunció también las componendas entre el sector justicia y empresas.
En este territorio operan los ingenios Magdalena y El Pilar, así como el grupo palmero y bananero HAME, e igualmente BANASA.
En Mazatenango: criminalización, TRECSA y ENERGUATE, impactos de la agroindustria y de las camaroneras, y de la actividad minera.
En Mazatenango, Suchitepéquez, el Grupo de Trabajo se reunió, el 24 de agosto, con representantes de comunidades y liderazgos de Champerico, departamento de Retalhuleu; San Juan Sacatepéquez, departamento de Guatemala; Patulul y Santo Domingo Suchitepéquez, departamento de Suchitepéquez, así como de Jutiapa y de Retalhuleu, entre otros, que fueron convocados por el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA).
Comunitarios y comunitarias de Mazatenango expusieron los altos cobros por el servicio de energía eléctrica que realiza la empresa ENERGUATE, con recibos que llegan a montos de hasta Q 24 mil y la división comunitaria que se ha generado por los cortes constantes del servicio. Advirtieron que consideran un abuso dichos cobros porque no consumen eso, y tampoco tienen dinero para pagarlos debido a que devengan menos del salario mínimo establecido.
Relacionado con la actividad minera, comunitarios y comunitarias de San Juan Sacatepéquez expusieron la falta de agua y la contaminación ambiental por la operación de la planta “San Gabriel” de Cementos Progreso, así como la criminalización que experimentan por parte de la empresa. Siempre en cuanto a la minería se denunció concretamente la permanencia del proyecto minero Era Dorada —anteriormente Cerro Blanco—.
Se presentó también la contaminación y escasez de agua en el caso de la comunidad Pajales Sector Sis en el municipio de San Andrés Villa Seca, Retalhuleu, la cual está totalmente rodeada por plantaciones de caña de azúcar y hule pertenecientes a los ingenios El Pilar y Tululá, propiedad respectivamente de las familias Weisenberg Campollo y Botrán. En la comunidad habitan 70 familias.
Fuente: elaboración El Observador con información de trabajo de campo y asistencia de IA.
Dirigentes de Champerico denunciaron los impactos que experimentan comunidades de dicho municipio por la operación de las camaroneras en este territorio, las que contaminan el agua de los esteros y el impacto en la pesca artesanal, así como por la operación de los ingenios El Pilar y Magdalena, propiedad respectivamente de los grupos familiares Weissenberg Campollo y Campollo Codina, y Leal Pivaral, Leal Mencos y Leal Toledo.
Al igual que lo que sucede en Pajales Sector Sis y la mayoría de comunidades de la Costa Sur que están rodeadas de plantaciones de caña de azúcar, se denunciaron impactos ambientales y a la salud que genera la contaminación que se esparce por la quema que los ingenios realizan, así como la utilización de agrotóxicos. El otro impacto denunciado es la fumigación aérea que realizan, pues el “madurante” que esparcen impacta en los pocos cultivos de algunas frutas que constituyen parte de la economía de sobrevivencia que practican.
En general, también se expusieron condiciones de “superexplotación” de la fuerza de trabajo en los ingenios, donde la jornada de trabajo oscila entre 14 y 16 horas diarias, pero formalmente se estarían pagando 8 horas, aunque el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB) no lo verifica, así como tampoco si se cubre el salario mínimo. Los ingenios están pagando un promedio de Q 100.00 al día, y ya están incorporando fuerza de trabajo femenina a las tareas de corte de caña. Así mismo, que, para soportar las condiciones y jornadas de trabajo, los trabajadores de la caña recurren a consumir tramadol combinado con alguna bebida energizante y coca cola, una mezcla a la que se le ha denominado “la bomba”, lo que ha provocado, por ejemplo, que los departamentos de Escuintla, Suchitepéquez y Retalhuleu sean los que registren mayor índice de insuficiencia renal crónica (IRC).
También se informó sobre la potencial aprobación de la Iniciativa de Ley 6665 sobre infraestructura de transporte de energía que actualmente se encuentra en el Congreso de la República, que pretendería revivir el fracasado y rechazado proyecto de transporte de energía que la transnacional colombiana Transportadora de Energía de Centroamérica, Sociedad Anónima (TRECSA) viene implementando desde el 2009, facilitando el establecimiento de líneas de transporte mediante procedimientos acelerados y violentando derechos de los Pueblos Indígenas y las comunidades afectadas, incluidos los derechos a la consulta, la participación, los derechos sobre la tierra y una reparación efectiva, al tiempo que podrían debilitarse las salvaguardas ambientales.
Se expusieron casos de criminalización de dirigentes de CODECA
Específicamente, se expuso el caso de Vicenta Jerónimo, ex diputada del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), en el periodo 2016 – 2020 y Presidenta de la Red de Mujeres Tejiendo Buen Vivir (RMTBV), quien, en el marco de la lucha de CODECA por la nacionalización de bienes y servicios privatizados, fue denunciada en 2013 junto con otro integrante de la organización, por la Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima (EEGSA), subsidiaria en Guatemala de la transnacional colombiana Empresas Públicas de Medellin (EPM), cuyo proceso se prolongó durante varios años y, paralelamente, medios corporativos difundieron narrativas estigmatizantes contra CODECA como “ladrones de luz”. Finalmente, el 11 de diciembre de 2017, el tribunal resolvió a su favor.
El otro caso de criminalización que se expuso fue el de Mauro Vay Gonón, dirigente y fundador de CODECA, quien el 26 de junio de 2014 fue detenido, sin que existiera una orden judicial previa, en Huehuetenango, junto a los dirigentes Blanca Julia Ajtún Mejía y Mariano García Carrillo. En ese caso hubo participación activa de personal de DEOCSA de ENERGUATE. El MP intentó procesarlos por el delito de terrorismo por «actividades en contra de la seguridad interior de la nación», vinculando su activismo por la nacionalización de la energía eléctrica con actos criminales.
Vay Gonón contó que estuvo encarcelado más de tres meses en prisión preventiva y más de un año bajo arresto domiciliario, y que, en marzo de 2016, el Tribunal de Sentencia de Huehuetenango los condenó a tres años de prisión conmutables y al pago de una multa por el delito de casos especiales de estafa en grado de tentativa, por supuestamente cobrar a comunitarios del área de Los Cuchumatanes por conexiones directas a la red eléctrica. En junio de 2017, la Sala Séptima de Apelaciones revisó el recurso interpuesto por la defensa y resolvió absolverlos de todo cargo por no existir elementos suficientes para demostrar su participación en los hechos.
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